Oficina del Inspector General solicita $23.1 millones para el próximo año fiscal 

“Sobre esta base de resultados comprobados, la OIG solicita respetuosamente una asignación de $23.1 millones para el AF 2026-2027. Esta asignación es indispensable para sostener la trayectoria de fiscalización, prevención y educación que ha permitido a la OIG generar este retorno multiplicador para el Gobierno y el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo la deponente.

Asimismo, la inspectora destacó que la fiscalización efectiva es esencial para garantizar la integridad y eficiencia del Gobierno de Puerto Rico. Desde el año fiscal 2021 hasta el presente, la entidad ha identificado aproximadamente $4.8 billones de costos cuestionados, como parte de sus esfuerzos de supervisión y para combatir la corrupción. Además, se han recuperado fondos y cobrado multas a empleados y funcionarios gubernamentales señalados en sus informes.

En iguales términos, Torres resaltó que, más allá de los resultados económicos, “sus intervenciones fortalecen los controles internos y mejoran los procesos administrativos de las agencias gubernamentales”. Asimismo, las recomendaciones y el seguimiento ofrecido por la OIG ayudan a reducir riesgos operacionales y fiscales, promoviendo una administración pública más eficiente, transparente y responsable.

Además, Torres desglosó que al presente AF, la Oficina ha publicado 121 informes que abarcan exámenes, estudios, evaluaciones de cumplimiento, investigaciones, evaluaciones preliminares y servicios ofrecidos a entidades. “De estos informes, se desprenden 316 recomendaciones que se encuentran actualmente en proceso de implantación mediante Planes de Acción Correctiva, fortaleciendo de esta forma los controles internos y previniendo desviaciones futuras”, abundó.

Asimismo, explicó con relación a las intervenciones realizadas en el Área de Pre-intervención y Exámenes, debe destacarse que, aun sin concluir el AF 2025-2026, se han publicado 79 informes. “A pesar de no haberse concluido el ciclo fiscal, los costos cuestionados asociados a este período ya reflejan un incremento de 626.84% en comparación con el año fiscal previo”, manifestó.

“En el año 2019-2020 hasta el año fiscal 2024-2025, la cantidad de informes publicados, producto de la facultad de investigación de la OIG, ha aumentado hasta un 840%, lo que refleja un crecimiento sostenido en la productividad institucional. En el año corriente, se han publicado 42 informes de investigación, según los registros de informes publicados disponibles en la OIG. Asimismo, de las investigaciones realizadas durante este periodo, se han cuestionado costos que ascienden a $2 millones”, destacó Torres.

Padilla preguntó sobre la contratación de abogados en la OIG. El licenciado Manuel Laboy, asesor legal de la OIG, indicó que cuentan con 10 abogados y todos son empleados de la agencia y llegaron mediante un proceso de reclutamiento. De igual manera, la senadora preguntó si tiene alguna colaboración con la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). “Tenemos acuerdos de colaboración con PRITS, hemos hecho trabajo específico de recolección de data. Desde las distintas intervenciones que realizamos, así como proyectos especiales colaboramos con ellos”, dijo Torres, quien resaltó la implementación del sistema automatizado de tecnología en la OIG.

“Por otro lado, la OIG incorporó nuevas plataformas tecnológicas como parte de sus esfuerzos para modernizar los procesos internos. Entre estas se destaca la implementación de una aplicación moderna para el Área de Querellas e Investigaciones, diseñada para optimizar la gestión de investigaciones mediante herramientas que mejoran el manejo de documentación, el seguimiento de los casos, la trazabilidad y la centralización de información crítica”, añadió Torres.

La presidenta de la Comisión preguntó si reciben fondos de las auditorías o multas. Torres explicó que reciben fondos de las multas que imponen pero todo se revierte al Fondo General. Añadió que la OIG ha logrado ahorrarle al gobierno, entre otros, mediante la aplicación de acciones correctivas, identificar irregularidades y procesos que requieren el recobro de fondos públicos.