Buscan fortalecer ¨barrilito¨ legislativo con cargo adicional a beneficiarios de la Ley 60 

Según la medida presentada por el representante novoprogresista Ángel Morey, el Proyecto de la Cámara 1328 —referido a la Comisión de Hacienda— establecería en $20 mil la cantidad que tendrían que aportar los Individuos Residentes Inversionistas y los Individuos Inversionistas a Puerto Rico, en vez de los $10 mil actuales.

En entrevista con Metro Puerto Rico, el representante justificó la medida por el aumento en el costo de vida, que según él podría provocar que lleguen menos servicios a personas con necesidades por parte de las organizaciones sin fines de lucro.

“Cada día que pasa hay más entidades sin fines de lucro solicitando fondos a través de donativos legislativos para hacer la obra social que hace falta para beneficio de las distintas comunidades. Actualmente, si no me equivoco, estamos hablando de que sobre 600 entidades sin fines de lucro están solicitando fondos a través de donativos legislativos todos los años, y el pote son $20 millones de dólares”, comentó.

“Se ha tratado con la Junta de Control Fiscal que se autorice aumentar este pote, y por muchos años la Junta no ha accedido, por varias razones, a incrementarlo. Esto básicamente es una alternativa para ayudar a la Oficina de Donativos Legislativos a ingresar dinero adicional para que pueda ser repartido entre las entidades sin fines de lucro que participan del programa”, añadió.

En la actualidad, los beneficiarios de la Ley 60 tienen la obligación de aportar $10 mil a alguna organización sin fines de lucro a partir del segundo año de haber comenzado a recibir los decretos solicitados.

Morey asegura que, con esta medida, se podrían ingresar millones de dólares adicionales al fondo legislativo, aunque la cifra dependería de si, de convertirse en ley, la medida se aplica de manera retroactiva o prospectiva.

“Va a depender de si son los decretos actuales o solo los nuevos. Si son los nuevos, obviamente va a ser mucho menos al principio y ese pote va a ir subiendo. Si incluimos a los actuales, podemos llegar a esa cantidad de siete a ocho millones”, indicó.

“Esa parte habría que consultarla, como parte del proceso legislativo, con el DDEC, para ver si puede añadirse a los decretos existentes o si sería solo para los nuevos. Esa opinión final hay que consultarla con el DDEC, que es quien emite los decretos, para con su insumo tomar esa decisión. Y si hay que modificar el proyecto para aclararlo, se modifica y se enmienda para aclarar esa partida en particular y no tener ningún inconveniente”, agregó.

El proyecto de ley no limita a las entidades a recibir fondos de una partida en particular, por lo que podrían recibir tanto del fondo legislativo como de los beneficiarios de los decretos.

“Si una Ley 20/22 tiene una fundación que cualifique para recibir fondos de donativos legislativos, va a tener que hacer su presentación e ir al proceso competitivo. La comisión —de la cual yo no soy parte en este cuatrienio— hace su evaluación y determina cuáles son las entidades a las que se les va a asignar dinero, si cualifica, cualificó en buena lid”, comentó.

Por su parte, Christian Sobrino, portavoz del grupo Impulso Boricua, una organización sin fines de lucro que busca “promover un entendimiento claro de estas leyes y su contribución al desarrollo económico de nuestra isla”, opinó que de implementarse estos cambios debe ser de manera prospectiva y que respondan “a un estudio formal y profesional que tome en consideración cómo el cambio impactará la rentabilidad y el retorno de inversión de un programa en el futuro”.

Sobrino también expresó preocupación, ya que detalló que la Ley 38-2026 —la cual apoya— contempla para 2027 “varios cambios críticos, como un aumento de 0% a 4% en la tasa contributiva preferencial sobre ingresos pasivos, entre otros. Aumentar aún más los requisitos de entrada al programa pudiera afectar adversamente su atractivo para candidatos elegibles”.

El Fondo Legislativo para Impacto Comunitario se maneja mediante una comisión conjunta entre la Cámara de Representantes y el Senado, y busca otorgar donativos legislativos a entidades semipúblicas y privadas sin fines de lucro pecuniarios que cumplan o realicen una función o actividad pública reconocida.