Buscan aumentar aportación de beneficiarios de la Ley 60 para nutrir el “barrilito” legislativo 

La medida, radicada por el representante novoprogresista Ángel Morey, plantea aumentar de $10,000 a $20,000 el donativo anual que deben realizar los Individuos Residentes Inversionistas y los Individuos Inversionistas a Puerto Rico. El Proyecto de la Cámara 1328 fue referido a la Comisión de Hacienda para su evaluación.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Morey justificó la propuesta al sostener que el aumento en el costo de vida ha incrementado las necesidades de las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos mediante el programa de donativos legislativos.

“Cada día que pasa hay más entidades sin fines de lucro solicitando fondos a través de donativos legislativos para hacer la obra social que hace falta para beneficio de las distintas comunidades. Actualmente, si no me equivoco, estamos hablando de que sobre 600 entidades sin fines de lucro están solicitando fondos a través de donativos legislativos todos los años, y el pote son $20 millones de dólares”, comentó.

El legislador sostuvo que la Junta de Supervisión Fiscal ha rechazado en años anteriores aumentar la asignación del fondo, por lo que describió la medida como una alternativa para generar recursos adicionales.

“Se ha tratado con la Junta de Control Fiscal que se autorice aumentar este pote, y por muchos años la Junta no ha accedido, por varias razones, a incrementarlo. Esto básicamente es una alternativa para ayudar a la Oficina de Donativos Legislativos a ingresar dinero adicional para que pueda ser repartido entre las entidades sin fines de lucro que participan del programa”, añadió.

Actualmente, los beneficiarios de la Ley 60 deben realizar un donativo anual de $10,000 a organizaciones sin fines de lucro a partir del segundo año de vigencia de sus decretos contributivos.

Según Morey, el impacto económico de la medida dependerá de si el aumento aplicaría únicamente a nuevos decretos o también a los ya existentes.

“Va a depender de si son los decretos actuales o solo los nuevos. Si son los nuevos, obviamente va a ser mucho menos al principio y ese pote va a ir subiendo. Si incluimos a los actuales, podemos llegar a esa cantidad de siete a ocho millones”, indicó.

El representante reconoció que ese aspecto deberá discutirse con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), encargado de emitir los decretos.

“Esa parte habría que consultarla, como parte del proceso legislativo, con el DDEC, para ver si puede añadirse a los decretos existentes o si sería solo para los nuevos. Esa opinión final hay que consultarla con el DDEC, que es quien emite los decretos, para con su insumo tomar esa decisión. Y si hay que modificar el proyecto para aclararlo, se modifica y se enmienda para aclarar esa partida en particular y no tener ningún inconveniente”, expresó.

El proyecto no limita que una organización pueda recibir fondos de distintas fuentes. De aprobarse, una entidad sin fines de lucro podría continuar recibiendo donativos legislativos y, además, aportaciones provenientes de beneficiarios de la Ley 60, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

“Si una Ley 20/22 tiene una fundación que cualifique para recibir fondos de donativos legislativos, va a tener que hacer su presentación e ir al proceso competitivo. La comisión —de la cual yo no soy parte en este cuatrienio— hace su evaluación y determina cuáles son las entidades a las que se les va a asignar dinero, si cualifica, cualificó en buena lid”, explicó.

Por su parte, Christian Sobrino, portavoz de Impulso Boricua —organización que promueve las disposiciones de la Ley 60—, opinó que cualquier aumento en la aportación debería aplicarse únicamente a nuevos decretos y basarse en un análisis del impacto económico del programa.

“Debe responder a un estudio formal y profesional que tome en consideración cómo el cambio impactará la rentabilidad y el retorno de inversión de un programa en el futuro”, sostuvo.

Sobrino añadió que la Ley 38-2026 ya contempla cambios contributivos que entrarán en vigor en 2027, entre ellos un aumento de 0 % a 4 % en la tasa preferencial sobre ingresos pasivos, por lo que imponer nuevos requisitos podría afectar la competitividad del programa para atraer inversionistas.

El Fondo Legislativo para Impacto Comunitario es administrado por una comisión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, y financia donativos a entidades semipúblicas y organizaciones privadas sin fines de lucro que realizan funciones de interés público.