Francisco Domenech acude a Justicia y Ética a acusar a exsecretario DDEC por “beneficiar a clientes de su abuelo” 

Primer alegato: Conflicto de Interés con Héctor Reichard de Cardona y Reichard & Escalera. (Artículos 4.2 (g) y (s) de la Ley Núm. 1-2012 y violaciones al Código Penal de Puerto Rico).

El secretario de la Gobernación instruyó al exsecretario Negrón Reichard a inhibirse de todo trámite ante el DDEC con relación a su abuelo o sus clientes, ya que este era el encargado en la firma de los asuntos relacionados con la regulación gubernamental de los sectores de manufactura, farmacéutica, dispositivos médicos, servicios de exportación, turismo y entretenimiento, todos ellos sectores cuya decisión última correspondía a Negrón Reichard como secretario del DDEC.

El exsecretario Negrón Reichard se negó a inhibirse o pedirle una opinión a Ética en más de una ocasión y además sí actuó de forma directa con clientes de su abuelo -su pariente bajo la ley de Ética- lo que es una clara violación al Artículo 4.2(g) de la Ley Núm. 1-2012 y posibles violaciones al Código Penal en sus Artículos 250 (enriquecimiento ilícito), Articulo 253 (negociación incompatible con el ejercicio del cargo público) y el Articulo 254 (intervención indebida en las operaciones gubernamentales).

Segundo alegato: Conflicto de intereses con María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta (Artículo 4.2(g) de la Ley Núm. 1-2012).

María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta es la esposa de Negrón Reichard y quien en es dueña de Grupo Imperial LLC, registrada en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado el 22 de febrero de 2026 y quien solo siete (7) días después (el 1 de marzo) había solicitado al DDEC un decreto de exención contributivo; esto ocurrió sin el exsecretario Negrón Reichard haber solicitado inhibirse. Luego de un mes de la esposa del exsecretario Negrón Reichard haber pedido el decreto, es que este pide inhibirse ante Ética, respuesta que recibió el 1 de mayo de 2026 y la cual Ética le dijo que la inhibición “no se retrotraerá a hechos que ocurrieron con anterioridad a la presentación del documento en la OEG”.

Tercer alegato: Nombramiento de Ernesto J. Zayas García (Artículos 4.2(s) y 4.3(a) de la Ley Núm. 1-2012)

La investigación del secretario de la Gobernación incluye que el director de la Oficina de Incentivos del DDEC era el licenciado Ernesto J. Zayas García, funcionario designado personalmente por el exsecretario Negrón Reichard, el 17 de marzo de 2025, quien hasta tres días antes de su designación -hasta el 14 de marzo de 2025- laboró en Reichard & Escalera como socio, la firma del abuelo de Negrón Reichard, precisamente asesorando corporaciones en asuntos de decretos ante la Oficina de Incentivos del DDEC.

Ese funcionario, nombrado por el exsecretario Negrón Reichard, por decisión propia y sin el consentimiento o conocimiento previo de la Gobernadora, alegadamente facilitó los trámites dentro del DDEC a clientes de Reichard & Escalera, por lo menos por espacio de casi tres (3) meses en que se tardó en solicitar una inhibición de una cuantiosa cantidad de clientes de su ex bufete Reichard & Escalera, propiedad del abuelo de Negrón Reichard.

Cuarto alegato: Omisión de inhibición respecto a Eduardo J. Negrón (Artículo 4.5 de la Ley Núm. 1-2012)

El señor Eduardo J. Negrón es el padre del exsecretario Negrón Reichard quien, hasta abril de 2026, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y principal oficial de administración de Banco Popular de Puerto Rico, banco del cual muchos de los negocios de sus clientes comerciales podrían depender de trámites, por ejemplo, de decretos e incentivos, pendientes ante el DDEC o sujetos a la discreción de Negrón Reichard.

El exsecretario Negrón Reichard no presentó mecanismo de inhibición alguno relacionado con Banco Popular de Puerto Rico, sus subsidiarias o afiliadas.

Quinto alegato- Conflicto de Intereses con su Pariente (Artículo 4.2(s) de la Ley Núm. 1-2012 y violaciones al Código Penal de Puerto Rico)

Luego de la renuncia de exsecretario Negrón Reichard, se le informó al secretario de la Gobernación que éste había desplegado un patrón de presionar a directores ejecutivos de entidades bajo su jurisdicción a concederle beneficios a clientes de Reichard & Escalera.

Durante el mes de abril de 2026 el exdirector de la Autoridad de Terrenos, Robert Segarra, le había expresado a Negrón Reichard graves reparos con una finca que el Gobierno le habría de ofrecer a Coopervision. Segarra entendía que el negocio de Coopervision no era bueno para Puerto Rico.

Cuando Segarra le presentó sus graves reparos con el negocio de terrenos de Coopervision al exsecretario Negrón Reichard, éste se puso sumamente hostil con Segarra, conducta que, según Segarra, nunca antes había actuado con él de esta manera.

Según Segarra, ni Negrón Reichard ni sus ayudantes, le indicaron que Coopervision eran clientes de Reichard & Escalera. La renuencia de Segarra a formalizar este negocio, desato la insistencia de Negrón Reichard a la gobernadora y al secretario de la Gobernación, de que Segarra fuera removido de su cargo. Segarra renunció a su cargo el 15 de mayo de 2026.

El exsecretario Negrón Reichard nunca presentó mecanismos de inhibición relacionados con el bufete Reichard & Escalera, con el licenciado Héctor Reichard De Cardona, ni con ninguno de los clientes de esa firma. Además, que intervino directamente en los negocios que su abuelo sin haber presentado mecanismo de inhibición alguno en ninguno de esos asuntos. Dicha conducta también configura una violación al Artículo 4.2(s) de la Ley Núm. 1-2012, pues constituye una acción que pone en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Además, presenta posibles violaciones al Código Penal en sus Artículos 250 (enriquecimiento ilícito), Articulo 253 (negociación incompatible con el ejercicio del cargo público) y el Articulo 254 (intervención indebida en las operaciones gubernamentales).

Según el comunicado, al secretario de la Gobernación enterarse de que la insistencia del exsecretario Negrón Reichard de la remoción del puesto de administrador de Terrenos se debía a que éste no había favorecido a un cliente de su abuelo, el secretario Domenech le solicitó a Ética que certificara y enviara las inhibiciones de todos los jefes actuales del Gobierno de Puerto Rico, lo que la agencia le hizo llegar el 8 de mayo de 2026.

El secretario de la Gobernación, quien dentro de sus funciones está supervisar la operación diaria de la Rama Ejecutiva, coordinar y supervisar los trabajos del Gabinete Constitucional y los jefes de agencia, con esa certificación enviada por Ética el 8 de mayo (la cual es uno de los anejos a su declaración jurada), encontró que el ahora exsecretario Negrón Reichard nunca había solicitado inhibición alguna, ni del bufete Reichard & Escalera propiedad de su abuelo, ni de los clientes del bufete Reichard & Escalera, ni del Banco Popular donde laboraba su padre; y solo una inhibición tardía sobre su esposa, solo luego de que ella pidiera al DDEC un decreto tramitado por Ernesto J. Zayas García, quien tardó tres (3) meses para presentar una solicitud de inhibición sobre los asuntos de su expatrono, el bufete Reichard & Escalera, una vez entró al DDEC.

Además, en una búsqueda por el portal de la Oficina de Ética, cuando se encuentra con la inhibición tardía de Ernesto J. Zayas García, donde esta agencia le hace una advertencia de que tiene que inhibirse formalmente de los clientes de bufete Reichard & Escalera, le señaló que, aun así, tendría posibles conflictos de intereses. Cuando el secretario de la Gobernación, revisa la cuantiosa lista de clientes del bufete Reichard & Escalera, de los que Zayas García se tenía que inhibir, pudo constatar que -de esa lista- se le otorgaron contratos millonarios de incentivos a cinco (5) clientes del bufete Reichard & Escalera que suman $74,111,276.62.

Luego de analizar la información de Ética, el secretario de la gobernación, por orden de la gobernadora, le pidió al exsecretario Negrón Reichard una lista de todos los decretos e incentivos otorgados por el DDEC, desde el 2 de enero de 2025 hasta finales de mayo de 2026; dicha lista fue entregada el 2 de junio de 2026 por Ernesto Zayas, el último día de su trabajo.

Esa lista fue solicita el 18 de mayo de 2026; luego, cuatro días después el exsecretario Negrón Reichard renuncia y le pide a su personal más cercano que también renuncie, al 22 de mayo, incluyendo a Zayas.

“Pero, esta acción no fue la única ejecutoria que levantó sospecha de que algo podía estar ocurriendo en la agencia ya que, para la segunda semana de mayo, el exsecretario Negrón Reichard despide a Carlos Ríos Pierluisi como subsecretario del DDEC, por alegadamente estar incumpliendo con su puesto, sin notificarle a la Gobernadora o al secretario de la gobernación. A esto se le añaden las diferencias públicas con el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar y la ya mencionada, con el exdirector de la Autoridad de Terrenos, Robert Segarra. Estas acciones se pudieran interpretar como que el exsecretario Negrón Reichard estaba desmantelando la agencia, sumada a la evidencia de que sus actuaciones desembocaron en beneficios millonarios para los clientes de la firma de su abuelo”, expresó Domenech Fernández en declaraciones escritas.