Nominan para jueza a directora de división que atendió pesquisa de Suzanne Roig 

Martínez Ortiz se desempeña como directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, dependencia que ha estado bajo escrutinio legislativo por el manejo de cientos de expedientes revisados al amparo de una orden administrativa emitida en 2025.

La nominación ocurre en las postrimerías de la sesión ordinaria y poco después de la controversia entre el Departamento de Justicia y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado sobre la divulgación de documentos relacionados con casos atendidos por la DIPAC. Recientemente, la agencia informó que entre junio de 2025 y abril de 2026 fueron despachados o resueltos 229 expedientes bajo la consideración de esa división.

La información provocó cuestionamientos de legisladores de minoría, quienes solicitaron acceso a las órdenes de cierre y a los informes preparados por fiscales. Sin embargo, Justicia ha sostenido que dichos documentos forman parte del proceso deliberativo interno del Ministerio Público y están protegidos por la jurisprudencia vigente.

Entre los casos cuya resolución generó atención pública figura una pesquisa relacionada con la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. El Departamento de Justicia refirió el asunto al Panel del Fiscal Especial Independiente luego de revisitarlo, pero el organismo determinó que no debía abrir una pesquisa en ese foro.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, ha rechazado que la cifra de 229 expedientes corresponda a casos de corrupción archivados sin investigación. Según la funcionaria, las estadísticas incluyen asuntos que fueron referidos a otras agencias, canalizados a fiscalías con jurisdicción, atendidos por la vía civil, procesados criminalmente o cerrados por insuficiencia de evidencia.

Justicia también ha indicado que algunas determinaciones de cierre no necesariamente representan la conclusión definitiva de una investigación y que los casos pueden reabrirse si surge nueva evidencia.

El nombramiento de Martínez Ortiz ahora pasa a ser evaluado por el Senado como parte del proceso de confirmación para ocupar el puesto de jueza superior.