¿Y los documentos? Contralora no pudo verificar el uso de $1,934 millones en bonos y $9,035 millones en deudas 

El señalamiento constituye el tercer hallazgo de una auditoría sobre la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en la que los auditores identificaron falta de evidencia sobre $1,934,862,171 correspondientes al uso de fondos de cinco emisiones de bonos, además de documentación no suministrada sobre $9,035,992,022 en líneas de crédito y otras deudas.

La falta de documentos, aclara el propio informe, no significa que esas cantidades hayan desaparecido. Lo que determinó la Oficina del Contralor es que no pudo verificar en todos sus detalles si los fondos fueron utilizados correctamente y para los propósitos autorizados.

Solo en la emisión de Obligaciones Generales de 2014, por $3,500 millones, los auditores no recibieron evidencia suficiente sobre $772 millones.

De esa cantidad, aproximadamente $464.7 millones estaban relacionados con el refinanciamiento de bonos, mientras otros $307.3 millones correspondían al pago de intereses de aquella emisión.

El informe también identifica falta de documentación relacionada con transacciones de la ACT, COFINA, el desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

Por ejemplo, en el caso de COFINA, la Oficina del Contralor no recibió evidencia sobre aproximadamente $506.3 millones utilizados para pagar notas en anticipación de bonos a un banco privado. Tampoco pudo acreditar unos $50 millones dirigidos a cubrir el déficit de flujo de efectivo del Gobierno durante el año fiscal 2008-2009.

En el caso del BGF, el importe no evidenciado ascendió a aproximadamente $541.6 millones relacionados con fines corporativos generales y el refinanciamiento de notas previamente emitidas.

Otros $9,035 millones bajo la lupa

El problema documental no se limitó a las emisiones de bonos.

La auditoría señala que el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Edificios Públicos, COFINA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de los Puertos y la OGP tampoco suministraron evidencia sobre 36 préstamos o líneas de crédito por $6,302 millones, tres notas en anticipación de bonos por $1,733 millones y una obligación en anticipación de recaudos contributivos por $1,000 millones.

En conjunto, esos instrumentos financieros sumaban $9,035,992,022.

De ellos, aproximadamente $5,523 millones habían sido pagados parcial o totalmente utilizando fondos provenientes de cinco de las ocho emisiones de bonos examinadas por la Oficina del Contralor.

Entre los casos examinados aparecen 25 líneas de crédito con el BGF por más de $4,611 millones vinculadas a la emisión de Obligaciones Generales de 2014, así como obligaciones de COFINA, la AEE y la Autoridad de los Puertos.

En el caso de la AEE, por ejemplo, el informe identifica seis líneas de crédito con el BGF y bancos privados que sumaban $971 millones, de los cuales alrededor de $646.7 millones fueron pagados con la emisión de bonos examinada. Los documentos correspondientes estaban bajo custodia de la AEE y, en algunos casos, de LUMA Energy, que desde junio de 2021 mantiene bajo su control los archivos físicos del área de tesorería de la corporación pública.

Contralora advierte riesgo de irregularidades

La Oficina del Contralor fue particularmente contundente al describir las consecuencias de la falta de documentación.

Según el informe, la situación limitó su función fiscalizadora e impidió verificar en todos sus detalles la corrección y propiedad del uso de los fondos provenientes de emisiones de bonos, préstamos y líneas de crédito.

Además, advirtió que la ausencia de documentos puede propiciar que se cometan irregularidades sin que puedan ser detectadas a tiempo para establecer responsabilidades.

La Oficina sostuvo, además, que la falta de documentación sobre transacciones fiscales perjudica el interés público porque priva tanto al Gobierno como a los ciudadanos de información importante sobre los procesos gubernamentales.

Los auditores atribuyeron la situación, entre otras razones, a que entonces directores ejecutivos de AAFAF y funcionarios de las entidades concernidas no tomaron las medidas necesarias para salvaguardar la información ni cumplieron adecuadamente con su responsabilidad de conservar documentos fiscales.

Pagos en exceso y dinero que no se utilizó

La auditoría también encontró irregularidades específicas relacionadas con el manejo de fondos de emisiones de bonos.

En la emisión de $3,500 millones realizada en 2014, el ELA mantuvo $1,931,116 sin utilizar, pese a que los fondos podían destinarse al pago de deudas, obligaciones u otros usos autorizados por ley. Ese dinero permaneció disponible en una cuenta de inversión del BGF desde marzo de 2015 hasta que el balance fue transferido en noviembre de 2018 a la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF.

El informe encontró además que el BGF pagó $218,333 de más a las firmas que fungieron como Bond Counsel y Disclosure Counsel de aquella emisión.La compensación máxima autorizada ascendía a $641,667, pero el BGF terminó desembolsando $860,000. De acuerdo con la Oficina del Contralor, se pagaron $115,000 adicionales al Bond Counsel y $103,333 adicionales al Disclosure Counsel.

Asimismo, se determinó que el BGF no depositó $173,216 en el Fondo de Construcción correspondiente a una emisión de bonos de la ACT, pese a que las resoluciones aplicables requerían que esos fondos fueran destinados a esa cuenta.

Según la Oficina del Contralor, esa actuación impidió que la ACT pudiera utilizar ese dinero para atender costos relacionados con instalaciones de tránsito y transportación.

Ante los hallazgos, la Oficina del Contralor recomendó fortalecer la conservación de documentos fiscales, la supervisión sobre el manejo del efectivo y la fiscalización de las entidades gubernamentales para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.