Sector feminista asegura tribunal le falló a mujer asesinada a manos de su expareja en Carolina 

La directora ejecutiva sostuvo que jueces y juezas “no están haciendo el análisis de riesgo y letalidad” requerido en estos procesos, aun cuando las víctimas presentan señales de peligro inminente.

La portavoz explicó que actualmente existe un formulario de análisis de riesgo y letalidad utilizado por organizaciones que atienden casos de violencia doméstica, el cual permite identificar si una víctima enfrenta amenazas reales contra su vida, independientemente de que existan otros asuntos relacionados a disputas familiares o de custodia.

“Si esa persona que está ahí al frente del juez tiene una situación de riesgo inminente en que puede ser asesinada, en efecto necesita una orden de protección”, sostuvo.

Pérez Rodríguez también respaldó públicamente las denuncias realizadas por la hermana de la víctima, quien cuestionó que el tribunal no otorgara a tiempo la orden de protección solicitada por Lozada Navarro.

“La hermana tiene toda la razón en hacer esta denuncia. Es muy lamentable que esta familia tenga que vivir este dolor y que esos niños queden en orfandad”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el Poder Judicial debe asumir responsabilidad por lo ocurrido y revisar nuevamente los adiestramientos ofrecidos a jueces y personal judicial sobre violencia doméstica y evaluación de riesgo.

La directora de Matria insistió en que los jueces “no pueden tener miedo” al momento de emitir órdenes de protección y advirtió que, en casos de alto riesgo, estas deben extenderse por periodos más largos.

“No les puede temblar la mano para tomar decisiones que van a proteger la vida de las mujeres”, expresó.

Proyecto Matria recordó además que las víctimas de violencia doméstica pueden comunicarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, a su línea de emergencia 787-489-0022 para recibir ayuda y ser canalizadas a albergues de protección junto a sus hijos.