En una de sus acostumbradas publicaciones de “Buenos días Puerto Rico” en redes sociales, Rivera Schatz afirmó que fue informado de que resultaba urgente que el Senado aprobara un secretario interino para evitar atrasos en trámites pendientes. Sin embargo, sostuvo que el gobierno cuenta con mecanismos suficientes para atender esos asuntos mientras se designa un sustituto permanente.
Según explicó, una orden ejecutiva firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón en enero de 2025 delegó facultades al secretario de la Gobernación para atender determinadas gestiones administrativas, por lo que descartó que exista una necesidad inmediata de confirmar un nombramiento interino.
“NO HAY PRISA CON EL INTERINATO NI LA SUSTITUCIÓN en el DDEC”, expresó Rivera Schatz en su mensaje.

Las expresiones se producen a menos de una semana de la sorpresiva renuncia de Negrón Reichard, quien abandonó el cargo denunciando presuntas intervenciones de La Fortaleza luego de referir a distintas autoridades hallazgos relacionados con alegadas irregularidades en procesos de contratación dentro de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).
En su carta de renuncia, el exsecretario aseguró que las acciones tomadas posteriormente por funcionarios del gobierno hicieron imposible continuar ejerciendo el cargo con la independencia y autonomía que, a su juicio, requiere la posición. También denunció que se revirtieron suspensiones sumarias emitidas contra funcionarios vinculados a una investigación interna relacionada con un proceso competitivo financiado con fondos federales.
La controversia provocó además una salida masiva de personal de confianza dentro de la agencia. Según informó Negrón Reichard, más de diez funcionarios con roles de liderato decidieron renunciar junto a él, incluyendo la jefa de personal, el asesor legal general, la directora de finanzas, el director de la Oficina de Incentivos, personal vinculado a la transformación del sistema de permisos, proyectos de semiconductores, carga aérea y comunicaciones, entre otros.
Los señalamientos están relacionados con una investigación sobre presuntas intervenciones indebidas, represalias contra empleados denunciantes e intentos de alterar puntuaciones dentro de un proceso competitivo vinculado a un contrato federal de entre $1 millón y $2 millones. La pesquisa fue realizada por la firma HRM LLC, dirigida por el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Hiram Morales, y la exjueza Eloina Torres Cancel.
Aunque el mensaje de Rivera Schatz se centró en la vacante existente en el DDEC, el líder senatorial también dejó entrever que las denuncias realizadas por Negrón Reichard no deben descartarse.
“No hay excusas para dilatar la firma, salvo que, como pienso, las alegaciones del Lcdo. Sebastián Negrón Reichard que provocaron su renuncia, sean absolutamente ciertas”, escribió.
La expresión añade una nueva dimensión política a una controversia que continúa generando interrogantes dentro del gobierno sobre el manejo de las denuncias realizadas por el ahora exsecretario y el futuro de una de las agencias más importantes para la política económica y el sistema de permisos del país.
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