Junta de Retiro UPR advierte riesgo en la sostenibilidad del retiro universitario 

“Esto no es un asunto teórico ni una advertencia sobre el futuro. Es un daño económico real que ya está ocurriendo. Cada año en que no se hacen las aportaciones completas, el Fideicomiso pierde dinero, pierde capacidad de inversión y se encarece su sostenimiento hacia adelante, mientras aumenta la aportación requerida a la UPR. Este asunto no puede seguir tratándose como una promesa abstracta ni como una variable ajustable dentro de un documento fiscal. Es una obligación concreta que tiene que reflejarse en asignaciones reales, recurrentes y suficientes”, expresó Luis A. Vicenty Santini, presidente de la Junta de Retiro UPR.

El señalamiento ocurre en un contexto en el que la propia JSF ha cuestionado la sostenibilidad del plan fiscal sometido por la UPR, al indicar que este no demuestra una base financiera adecuada. Además, se ha advertido que el plan se apoya en supuestos y proyecciones que no reflejan la información actuarial más reciente, lo que levanta serias dudas sobre su validez como instrumento para atender responsablemente las obligaciones del Fideicomiso. Mientras tanto, la administración universitaria ha reiterado públicamente que no avalará medidas que afecten a los jubilados, postura que, según ha advertido la Junta de Retiro UPR, no se traduce en el contenido del plan fiscal ni en sus asignaciones presupuestarias.

A esos señalamientos por parte de la JSF, la Junta de Retiro UPR añadió que la ley PROMESA establece que todo plan fiscal debe proveer financiamiento adecuado para los sistemas de pensiones y demostrar sostenibilidad fiscal basada en información real y actualizada. En el caso de la UPR, esto implica incorporar en el Plan Fiscal Revisado las aportaciones patronales conforme a los requerimientos actuariales vigentes. Sin embargo, el proceso de revisión en curso ocurre en un contexto en el que esas aportaciones no han sido integradas de forma clara ni suficiente, lo que constituye una desviación de requerimientos legales, fiduciarios y actuariales que obliga al Fideicomiso a utilizar activos de inversión para cubrir obligaciones, reduce su rendimiento, agrava la insuficiencia acumulada y acelera su deterioro financiero.

“La presidencia de la UPR no puede limitarse a expresar que no avalará cargas sobre estudiantes ni jubilados. Esa expresión tiene que traducirse en acción concreta. Proteger a los jubilados significa pagar lo que corresponde al Fideicomiso de Retiro UPR. Defender a la Universidad significa impedir que se siga acumulando una deuda actuarial que amenaza su futuro financiero e institucional”, denunció Vicenty Santini.

“Un plan fiscal que omite el financiamiento adecuado del plan de retiro no atiende la realidad financiera de la UPR y traslada indebidamente el costo de esa insuficiencia a los participantes y pensionados. La ley no permite que las obligaciones actuariales se sustituyan por decisiones discrecionales de carácter presupuestario. El cumplimiento con estas aportaciones es un deber jurídico que no puede ser pospuesto ni reducido sin consecuencias”, sostuvo, por su parte, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Fideicomiso de Retiro UPR.

Al respecto, Vicenty Santini destacó que el proceso actual de revisión fiscal representa una oportunidad crítica para corregir un patrón de incumplimiento que se ha extendido por años. “La Universidad no resuelve su situación fiscal dejando de cumplir con su sistema de retiro. Lo que hace es trasladar el problema hacia el futuro, agravarlo y encarecerlo”, señaló.

Desde diciembre de 2025, la Junta de Retiro UPR ha sometido múltiples comunicaciones formales a la JSF y a la administración universitaria advirtiendo sobre la gravedad de este asunto. Sin embargo, a la fecha, dichas advertencias no han sido atendidas.

Actualmente, la administración universitaria mantiene una deuda acumulada de $146.8 millones por concepto de aportaciones patronales no realizadas al Fideicomiso de Retiro UPR. La Junta de Retiro UPR ha presentado múltiples acciones legales, que incluyen demandas contra la Junta de Gobierno de la UPR y contra funcionarios en su carácter personal por incumplimiento de deberes fiduciarios y legales. Estos casos se encuentran activos en los tribunales.

En el contexto de la aprobación del plan fiscal, el organismo fiduciario reiteró su disposición al diálogo institucional, pero dejó claro que la protección del Fideicomiso de Retiro UPR requiere acciones concretas, asignaciones reales y cumplimiento efectivo con las obligaciones actuariales.

“La Junta de Gobierno tiene ante sí una decisión impostergable. Puede corregir el curso y cumplir con su deber hacia el Fideicomiso de Retiro UPR, o puede continuar una práctica que ya ha provocado pérdidas millonarias y que compromete la estabilidad futura de la Universidad”, concluyó Vicenty Santini.