Solicitan investigación federal por alegado esquema de drogas por votos en cárceles 

En la misiva, los legisladores citaron una investigación publicada por ProPublica en la que se reportó que autoridades federales recopilaron evidencia que vinculaba a confinados y empleados correccionales con un supuesto esquema para intercambiar drogas por votos.

Según indicaron, aunque las autoridades federales utilizaron citaciones y desplegaron personal investigativo, la acusación presentada posteriormente incluyó únicamente cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego, sin imputaciones por delitos electorales.

“Estas alegaciones no parecen haber sido reclamos generalizados o especulativos. Más bien, el reportaje indica que las autoridades federales consideraron las alegaciones lo suficientemente creíbles como para tomar medidas investigativas, incluyendo el uso de citaciones y la participación de personal federal de ley y orden,” escribieron.

Además, sostuvieron que la determinación del Departamento de Justicia federal contradice los esfuerzos públicos de la administración federal dirigidos a reforzar la integridad electoral.

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“Este resultado contradice el énfasis reiterado de la Administración y del liderato del Departamento en priorizar la integridad y la seguridad electoral como prioridades de cumplimiento federal”, indicaron.

La carta también menciona otras controversias electorales registradas en Puerto Rico en años recientes. Entre ellas, la escasez de papeletas durante las elecciones de 2020, denuncias sobre papeletas por correo presuntamente irregulares y alegadas inconsistencias en máquinas de votación durante el proceso electoral de 2024.

“Tomadas en conjunto, estas circunstancias demuestran por qué alegaciones creíbles de fraude electoral descubiertas mediante investigaciones federales ameritan un escrutinio serio y una explicación transparente”, añadieron.

Asimismo, señalaron como ejemplo reciente la declaración de culpabilidad federal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por una violación relacionada con financiamiento de campaña y su posterior indulto presidencial, argumentando que esto refuerza la importancia de una supervisión independiente sobre la actuación del Departamento de Justicia en Puerto Rico.