Puerto Rico pierde más de la mitad de su agua: nueva ley busca ponerle freno 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés, anunció la radicación de la denominada “Nueva Ley de Agua para el Puerto Rico del Siglo XXI”, que propone, entre otras medidas, reducir a un 30% la tasa de pérdida de agua para el año 2031.

“En los Estados Unidos continentales se pierden todos los años 2 trillones de galones de agua por salideros, con una tasa real de 30 por ciento. En Puerto Rico esa cifra supera el 50 por ciento. Con esta nueva ley buscamos reducir a 30 por ciento esa pérdida en un periodo de cinco años”, expresó Parés.

Según explicó, la legislación establecería una nueva política pública que declararía el servicio de agua como una prioridad y crearía un programa de 20 años para rehabilitar la infraestructura existente y construir nuevas instalaciones.

Carraízo entre las prioridades

Entre las acciones contempladas se encuentra la rehabilitación y modernización del sistema en el embalse Carraízo, además de una modernización por fases del sistema de distribución.

La medida también propone establecer un programa para dragar los embalses mayores de Carraízo y Toa Alta cada 15 años y crear nuevas servidumbres de paso en los embalses administrados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica, con el propósito de facilitar los dragados secos o de orilla.

Parés señaló que actualmente la falta de servidumbres de paso en la mayoría de los embalses dificulta este tipo de trabajos.

El proyecto también ordenaría culminar el embalse y la planta de filtración El Valenciano, en Juncos, en o antes de 2032.

Incentivos para cisternas y multas más fuertes

La propuesta incluye un incentivo contributivo para la compra de cisternas residenciales y contempla multas más severas tanto por el robo de agua como por hincar pozos sin autorización.

Además, busca proteger la integridad del Acuífero del Sur como parte de la nueva política pública.

La legislación también impondría nuevas obligaciones a la AAA durante periodos de sequía. Si se declara un “Estado de Emergencia” por esa causa, la corporación pública tendría que presentar ante la Asamblea Legislativa, cada 30 días calendario, informes detallados sobre las acciones tomadas para mitigar sus efectos.