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- Transformar las instituciones gubernamentales encargadas de velar por la integridad pública y combatir la corrupción para que sean más transparentes, ágiles, independientes y efectivas.
- Procesar casos de corrupción gubernamental y delitos electorales a través del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado, en lugar de depender del Gobierno Federal.
- Fortalecer la protección de denunciantes (whistleblowers) contra represalias.
- Establecer procesos escritos para la prevención de conflictos de interés, la recusación formal, y la prohibición de intervenciones indebidas a favor de familiares, antiguos clientes, patronos o socios.
- Prohibir que funcionarios realicen gestiones oficiales relacionadas con contratos, subastas, investigaciones, permisos, y otras de similar naturaleza, mediante cuentas personales, aplicaciones privadas de mensajería o plataformas que no formen parte de los sistemas oficiales autorizados por el Gobierno de Puerto Rico
“La corrupción desvía recursos que deberían estar llegando a nuestras escuelas, carreteras, hospitales y comunidades”, expresó el liderato del partido.
La Junta además convocó la Asamblea General para el 11 de octubre en el Complejo Ferial de Ponce. “Será la primera asamblea abierta en la que todos los asistentes podrán votar por la nueva Junta de Gobierno, rompiendo con la tradición según la cual solo los delegados tenían derecho al voto”, informó el presidente. Se votará para presidente, vicepresidente, vicepresidente secretarial, miembro por acumulación y miembro por distrito a la Junta de Gobierno del Partido. El calendario de radicaciones se anunciará próximamente.
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