¿Para qué radicar un proyecto que no se aprobará? Pablo José dice que no espera que el Congreso lo considere 

Se trata del proyecto federal “Puerto Rico Democratic Self-Determination Act”, una medida que propone un plebiscito vinculante en el que los puertorriqueños podrían escoger entre la estadidad, la independencia, la soberanía en libre asociación o una versión reformada del Estado Libre Asociado (ELA).

Hernández enfatizó que el estatus no debe ser una prioridad, pero que radicó el proyecto “de buena fe” a raíz de un anuncio que hizo la gobernadora Jenniffer González Colón, en su mensaje de situación de Estado sobre que viajaría a Washington para impulsar legislación a favor de la estadidad.

El proyecto fue radicado por Hernández, quien pertenece al Caucus Hispano (CHC); Wesley Bell, del Congressional Black Caucus (CBC); Derek Tran, del Caucus Asiático-Pacífico Americano del Congreso (CAPAC); y Val Hoyle, del Comité de Recursos Naturales de la Cámara.

Según el proyecto, la papeleta incluiría cuatro opciones: estadidad, independencia, libre asociación y un ELA reformado.

La definición del ELA propuesta por Hernández Rivera mantendría la ciudadanía estadounidense y mantendría la participación en programas federales como Seguro Social, Medicare, Medicaid y PAN, así como la autonomía fiscal de Puerto Rico.

“Yo no le cambié ni un punto ni una coma a propósito para resaltar mi buena fe y mi respeto hacia todas las demás fórmulas de Estado. El mismo respeto que exijo a la que yo defiendo”, explicó.

Ante preguntas de la prensa sobre la posibilidad de un desvanecimiento del ELA, el comisionado residente explicó que “el proyecto incluye todas las alternativas en igualdad de condiciones”.

“Yo creo que eso es lo justo y lo responsable con el pueblo de Puerto Rico. Si vivimos en una democracia, debemos someter todas las opciones a votación, y oye, que gane el que gane. Este proyecto provee también para una doble ronda, que si ninguna opción saca más del 50%, pues las dos opciones más votadas irían una contra la otra para que tengamos una idea clara de qué es lo que quiere el pueblo“, señaló Hernández Rivera.

Además, la medida plantea que si esa opción prevalece en una consulta, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desaparecería y la Ley Promesa dejaría de aplicarse dos años después y se crearía una Comisión para el Desarrollo del Estado Libre Asociado “con la encomienda de estudiar medidas para fortalecer su gobierno propio” y estaría encargada de negociar reformas con el gobierno federal.

Según Hernández Rivera, ese estudio examinaría la viabilidad de un ELA “fuera de la cláusula territorial que no caiga en la independencia”.