“¿Cómo se sigue expandiendo una operación ilegal? Estamos hablando de una operación que apenas tenía una aprobación temporal de cuando era un Micro Handling Facility”, expresó Gabriel Meléndez, coordinador de política pública de El Puente Puerto Rico, en declaraciones escritas.
La denuncia fue realizada por El Puente Puerto Rico, Toabajeños en Defensa del Ambiente, grupos religiosos, comunitarios y de abogacía. Las organizaciones indicaron que la solicitud busca permitir la operación continua de una facilidad flotante de almacenamiento de gas metano, también identificado como gas natural licuado (GNL).
Por su parte, Rita Córdova, residente de Cataño, denunció que NFE opera sin Declaración de Impacto Ambiental y sin un plan de emergencia para las comunidades cercanas a la Bahía de San Juan.
“No pueden seguir jugando con nuestra vida y nuestra seguridad de esta manera para seguirle dando alas y rescatando de la quiebra a New Fortress, una compañía que opera al margen de la ley desde hace cinco años”, señaló Córdova.
La residente sostuvo que la empresa no cuenta con consulta de ubicación, permiso de operación federal, evaluaciones ambientales ni plan de desalojo en caso de emergencia.
Desde la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Kelmadis Pérez Rivera expresó preocupación por la seguridad de las comunidades cercanas.
“Estamos hablando de la zona más densamente poblada del país y de nuestro principal puerto. No es solo la seguridad pública; también nuestra seguridad alimentaria estaría en riesgo en caso de un accidente”, afirmó.
Pérez Rivera también advirtió sobre los riesgos asociados al gas metano y dijo que residentes, trabajadores y visitantes de San Juan, Cataño, Guaynabo, Bayamón y Toa Baja deben conocer los riesgos de una operación de ese tipo.
Juan Camacho, de Toabajeños en Defensa del Ambiente, vinculó la solicitud con propuestas de infraestructura de gas en Puerto Rico, incluida una propuesta presentada en enero para conectar San Juan con generadores temporeros en Palo Seco.
“Es importante destacar que no se trata de la construcción de un inofensivo gasoducto de solo 11 kilómetros entre San Juan y Palo Seco, sino de establecer un gigantesco y peligroso proyecto de gasoducto”, denunció Camacho.
Mónica Flores Hernández, coordinadora de programa de política pública de El Puente Puerto Rico, planteó que las inversiones en combustibles fósiles contradicen la meta de alcanzar 100 por ciento de generación renovable para el 2050.
“Una isla tropical en quiebra, sujeta al aumento del nivel del mar, a la intensificación de huracanes y a olas de calor, no puede darse el lujo de seguir quemando combustibles fósiles”, expresó Flores Hernández.
Las organizaciones pidieron al Cuerpo de Ingenieros denegar la solicitud de dragado y a la Comisión Federal Reguladora de Energía revocar la aprobación temporera de la operación.
También reclamaron una Declaración de Impacto Ambiental, vistas públicas y la divulgación de un plan de desalojo en caso de emergencia antes de cualquier cambio o expansión de las operaciones.
El término para someter comentarios sobre la solicitud culmina el lunes, 29 de junio de 2026. Las personas interesadas pueden enviar observaciones al correo electrónico [email protected] o a través de https://rrs.usace.army.mil/rrs/public-notices?state=PR.
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