La reacción de la mandataria surge luego de que el máximo foro judicial decidiera expedir los recursos de certificación intrajurisdiccional presentados por el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), con el fin de evaluar si la llamada Carta-Extensión, mediante la cual se prorrogó el contrato de LUMA, es válida o si, como sostiene el Gobierno, nunca debió tener efecto legal.
Con una votación de 5 a 4, el Tribunal Supremo asumió jurisdicción sobre la controversia y ordenó consolidar en un solo procedimiento los dos recursos relacionados con el caso. La determinación no resuelve aún el fondo del litigio, pero permitirá que sea el propio Supremo quien decida si la extensión del contrato es válida o nula.
“La decisión del Tribunal Supremo representa un paso importante para brindar seguridad a nuestra gente. Desde el inicio he dicho que esta controversia necesita una atención inmediata por tratarse de un tema que incide sobre un servicio esencial para el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó González Colón mediante declaraciones escritas.
La gobernadora recordó que su administración acudió al Tribunal Supremo en diciembre de 2025 para solicitar que el caso fuera atendido directamente por el máximo foro judicial, al considerar que se trata de una controversia de alto interés público.Según González Colón, el objetivo ha sido defender el interés de los ciudadanos para que el país cuente con un sistema eléctrico confiable.
“Esta determinación valida nuestra posición de que Puerto Rico merece una respuesta rápida y definitiva sobre un asunto que afecta la operación de un servicio crítico. Nuestro compromiso sigue siendo garantizar que cualquier decisión relacionada con el sistema eléctrico se tome conforme a derecho y siempre velando por el bienestar de la gente”, afirmó.
La mandataria también reiteró que su administración mantiene el compromiso asumido durante la campaña electoral de cancelar el contrato de LUMA Energy.
“Cumpliremos con el compromiso establecido en nuestro Plan de Gobierno de cancelar el contrato de LUMA, en respuesta al mandato expresado por el pueblo en las elecciones de 2024”, sostuvo.
Además, aseguró que continuará impulsando medidas para fortalecer el sistema energético mediante el aumento de la capacidad de generación y distribución, mientras exige que LUMA cumpla con las obligaciones para las que fue contratada.
En ese contexto, criticó nuevamente a la empresa al señalar que los recursos deben destinarse a mejorar el servicio eléctrico y no a otros fines.
“Seguiremos fortaleciendo el sistema energético, exigiendo que LUMA cumpla con las responsabilidades para las que fue contratada, en lugar de destinar recursos del pueblo a la producción de documentales”, expresó.
Tras la decisión del Supremo, LUMA Energy indicó que respeta la determinación, aunque insistió en que el caso debió comenzar en el Tribunal de Primera Instancia. La empresa también recalcó que la resolución emitida por el máximo foro es de carácter procesal y que no constituye una decisión sobre los méritos de la controversia.
Ahora, las partes que impugnan la validez de la Carta-Extensión tendrán 30 días para presentar sus argumentos, mientras que LUMA contará con otros 30 días para responder, antes de que el Tribunal Supremo entre a evaluar el fondo del caso que podría definir el futuro del contrato que rige la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.
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