Luego que salió a la luz pública que el exconvicto, Hermes Ávila Vázquez, salió de la cárcel con un pase extendido y, alegadamente, engañó a los médicos haciéndose pasar por parapléjico, ahora se investiga que tuvo una posible relación con una enfermera del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Así lo estableció la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana I. Escobar Pabón, en entrevista con varios medios de comunicación.
“Lo que sí estamos trabajando es información que ha trascendido, no oficial, de, alegadamente, una relación fuera de la institución en comunidad con una empleada del DCR. Y digo empleada porque ya pude corroborar el nombre en el registro general de empleados de la agencia y funge como empleada. De ser así, obviamente, vamos a estar trabajando para tomar inicialmente medidas cautelares para la remoción de la empleada de las áreas de servicio donde trabaja”, informó en Dígame la Verdad.
“Y de encontrarse que ella falló a los reglamentos disciplinarios de la agencia, obviamente sería destituida. […]. Lo que se sospecha es que en comunidad estuvo o ha estado en una relación con el. Esa es la sopecha”, agregó. En otra entrevista, planteó que se había suspendido a la empleada, mientras corre la investigación.
De la misma forma, aseveraron a este medio que la investigación busca escudriñar los tratamientos y cuadro médico Ávila Vázquez que dio paso a que se le concediera el pase extendido, bajo la Ley 25.
Como parte de la investigación, el DCR no pudo revelar quiénes fueron los doctores que formaron parte del panel de evaluación médica que concedió el pase extendido bajo el amparo de la Ley 25.
En la entrevista con Radio Isla 1320, Escobar Pabón indicó que un infectólogo, internista, director de servicios clínicos y un especialistas formaron parte de dicho panel. Luego de las evaluaciones, se le asignó una silla de ruedas manual y otra eléctrica por medio del Fondo del Seguro del Estado, por las alegadas condiciones de salud.
La feminista y psicóloga social comunitaria, Katherine Angueira aseguró que no le “toma por sorpresa” que Ávila Vázquez haya logrado, presuntamente, fingir su condición para poder salir de la cárcel.
Puntualizó que la falta de centralización en el sistema de información en el DCR se presta para que cada oficina conozca todo el panorama necesario.
“Haberme enterado de este evento ayer es una confirmación de lo que ya yo había descubierto hace años atrás y que la gente no quiere tomar en serio. Los datos y la documentación que existe en corrección no está centralizado, está dispersa en cada oficina que presta servicio, empezando por ahí. Por esta razón una oficina no sabe lo que es el tú controlas trabajadoras sociales en Los psicólogos en otra oficina no tienen idea y eso es estar ciego. Esa. La gente que entra en contacto con este preso no tiene el cuadro completo. A mí no me toma de sorpresa la dejadez y la negligencia que aparentemente ocurrió en ese caso, porque una persona que estaba en silla de ruedas, está caminando. […] De cómo están autorizando a hacer unas cosas que no debe ser”, argumentó, aseverando el “grave problema” de comunicación entre profesionales y oficinas involucrados en DCR.
De la misma forma, cuestionó la posible relación que el sujeto tuvo con una enfermera, instando que es necesario estudiar si, de alguna manera, esto contribuyó a fundamentar la decisión de los médicos en otorgar el paso extendido.
Asimismo, hizo hincapié en que es preciso conocer los laboratorios y estudios realizados para determinar si se hizo el procedimiento correctamente.
También, cuestionó si en la toma de tal decisión se incluyó a los familiares de la víctima del caso del 2005.
“Los familiares de la víctima que fue asesinada tenían el derecho de evaluar ese expediente médico. […] cada vez que el preso va a salir, la víctima tiene derecho a ir ante esa junta para que le entreguen todos los documentos que hayan sobre el preso para ya poder examinarlo y ella emitir su opinión informada. ¿Dónde pasó eso en este proceso?”, sostuvo.
Ante el caso, Angueira argumentó que el DCR debe “rendir cuentas” y ver dónde se falló en la línea de supervisión.
“Se tienen que identificar dónde están las fallas para garantizar que cuando se ejerce la facultad y la autoridad para excarcelar a una persona que tiene una enfermedad terminal, realmente sea una enfermedad terminal. Se supone que lo que fundamentaba esa excarcelación de una persona que es que está a punto de morir. Se supone que sea un privilegio para unas personas”, señaló.
El senador José “Chaco” Vargas Vidot reafirmó su postura de ineficacia y precariedad de los servicios de Physician Correctional, ante el imputado feminicida.
“Falló Physician, porque en todas las dimensiones que constituyen un servicio de continuo de cuidado deben estar concertadas dentro de unos estándares. Es decir que no fue que falló una persona en evaluarlo, porque un paciente podría engañar a un médico fingiendo síntomas, pero él estuvo confinado por largo tiempo por lo que debía haber estado siendo objeto de seguimiento de una condición que así lo demandaba”, expresó Vargas Vidot, quien es salubrista de profesión.
“No podemos cargar a un medico, a un psicólogo, es que hay un sistema que no está articulado de forma lógica para poder mantener una realidad diagnóstica, continua y dinámica, sobretodo en una persona que aparentemente estaba en silla de ruedas por lo que implicaba un cuidado adicional”, abundó.
El también presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado ha estado investigando los servicios de Physician Correctional tras la muerte de Shannel Colón Ponce en el 2022, e incluso de su Comisión se produjo un informe donde la recomendación puntual era que no se renovara el contrato a esta empresa ante la inefectividad de sus servicios.
“Sencillamente Physician es una empresa asalariada que no tiene ni una sensibilidad, que como hemos denunciado no tiene ni pizca de lo que es eficiencia, que simplemente está ganando millones de dólares a cambio de nada, y eso, para mí, le ha costado la vida a Shannel, a decenas de personas, y ahora esa falta de pulcritud le cuesta la vida a una persona afuera en la sociedad”, manifestó el senador independiente.
En cuanto a la responsabilidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Vargas Vidot declaró que debe asumirla toda, al fallar en fiscalizar los servicios de Physician Correctional.
“Hay muertes que son prevenibles, y esto es una evidencia más de cuán irresponsable es el Departamento de Corrección y su Secretaria al ejercer su deber ministerial de fiscalizar un sistema que ya ha sido señalado por años que es ineficiente y precario”,concluyó el senador independiente.
Esta mañana la secretaria del DCR dijo que ordenarán a UTICORP que lleve a cabo una auditoría a Physician Correctional.
“Las repercusiones van desde la solicitud de separación de puestos o de contratos de aquellas personas que intervinieron de manera errónea, si así se encuentra en la intervención con este caso, y si no, también, podría estar en riesgo el contrato de la compañía”, aseguró a Radio Isla 1320.
