Gobierno refiere a Justicia y a federales alegado uso no autorizado de firma en contrato para añadir 400 MW en Aguirre 

Alegaciones surgieron seis días después de suscribirse el contrato

De acuerdo con la versión ofrecida por la AAPP y el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, las alegaciones fueron presentadas el 16 de junio de 2026, apenas seis días después de la suscripción del contrato.

Los señalamientos fueron realizados por el bufete O’Neill & Borges en representación de Enchanted Rock. La AAPP sostuvo que ese mismo día remitió el asunto al licenciado Osvaldo Carlo, principal oficial del Third-Party Procurement Office (3PPO), para iniciar una investigación.

Esa evaluación debía incluir una revisión del expediente completo del proceso competitivo, recopilación de hechos, así como la preparación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

La AAPP aseguró que los representantes de Enchanted Rock fueron colocados directamente en comunicación con el 3PPO para que pudieran presentar documentación y cualquier evidencia que consideraran pertinente.

Luego de recibir y evaluar los hallazgos producidos mediante ese proceso, la AAPP determinó que la naturaleza de los señalamientos justificaba elevar el asunto a entidades con facultades investigativas.

“Desde el primer momento nuestra posición ha sido clara: cualquier alegación de fraude, falsificación, utilización no autorizada de una firma o cualquier otra posible irregularidad relacionada con un proceso de contratación pública tiene que investigarse con seriedad y hasta sus últimas consecuencias”, expresó Colón Ortiz.

El funcionario aseguró que el referido no supone que el Gobierno haya llegado a una conclusión sobre la veracidad de las alegaciones.

“No vamos a prejuzgar a ninguna persona o entidad, pero tampoco vamos a ignorar una alegación de esta naturaleza”, añadió.

Justicia confirma que evaluará el referido

Horas después, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó oficialmente que la agencia recibió el referido presentado por la AAPP y la Oficina del Zar de Energía.

“Confirmamos que el Departamento de Justicia recibió el referido presentado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y la Oficina del Zar de Energía, relacionado con alegaciones sobre un contrato otorgado por el consorcio Power Expectations”, expresó Gómez Torres mediante declaraciones autorizadas.

La secretaria no adelantó si Justicia abrirá una investigación criminal ni qué posibles delitos, si alguno, pudieran estar bajo consideración.

Indicó que la información recibida será examinada bajo el ordenamiento jurídico vigente y los procedimientos correspondientes antes de determinar qué acción procede.

“La información recibida será evaluada conforme a nuestro ordenamiento jurídico y a los procedimientos legales aplicables, a fin de determinar las acciones que procedan dentro de nuestra jurisdicción”, sostuvo.

Justicia aseguró que atenderá el asunto “con la responsabilidad, seriedad y objetividad” de la agencia.

Proceso de contratación estuvo en manos del 3PPO

El proceso competitivo para seleccionar al suplidor fue administrado por el Third-Party Procurement Office, función que desempeña la empresa privada Regulatory Compliance Services Corp. (ReComS), contratada por la AAPP desde 2023 para manejar determinados procesos de contratación relacionados con el sistema eléctrico.

Según la AAPP, la utilización del 3PPO responde a los procedimientos establecidos para manejar potenciales conflictos de interés vinculados a los contratos de operación y mantenimiento suscritos con LUMA Energy y Genera PR, incluyendo procesos relacionados con sus matrices o empresas afiliadas.

Ese esquema opera dentro del marco de la Ley 120-2018, conocida como la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

La nueva controversia añade ahora una vertiente investigativa a un proyecto que hasta esta semana avanzaba principalmente por la vía contractual y regulatoria.

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal concluyó que las revisiones contractuales requeridas fueron satisfechas, las alegaciones relacionadas con la participación de Enchanted Rock y el supuesto uso no autorizado de su nombre y firma serán examinadas de manera separada por las autoridades estatales y federales.

La AAPP y la Oficina del Zar de Energía insistieron en que los referidos no constituyen una determinación de que se haya cometido un delito ni representan una imputación criminal contra Power Expectations, Enchanted Rock, Reyes Construction o cualquier otra persona o entidad.

Corresponderá ahora al Departamento de Justicia y a las autoridades federales evaluar la evidencia disponible y determinar si existe base para emprender alguna acción dentro de sus respectivas jurisdicciones.