¿Qué cambia cuando un caso se investiga como feminicidio? Experta explica el proceso tras el caso de Jennifer Torres Castro 

Así lo planteó la abogada, defensora de derechos humanos y líder feminista Amarilis Pagán, cofundadora y exdirectora de Proyecto Matria, quien explicó en entrevista con Metro Puerto Rico que, una vez se activa este protocolo, las autoridades deben realizar una investigación especializada, coordinada entre agencias y libre de prejuicios o estereotipos de género.

“Al hacer una reclasificación como feminicidio, se supone que se aplique el protocolo de investigación de feminicidio”, sostuvo Pagán, al recordar que ese mecanismo fue ordenado por ley tras la aprobación de la legislación sobre feminicidios.

La reclasificación en etapas tempranas

Pagán destacó que, aunque todavía queda camino investigativo por recorrer, la rapidez con la que se reclasificó el caso de Torres Castro contrasta con otros expedientes de muertes violentas de mujeres en Puerto Rico.

“Usualmente la Policía de Puerto Rico tiene casos bajo investigación por mucho tiempo, así que es una suerte que este caso hayan podido hacer una reclasificación tan temprano en el proceso”, indicó.

La también exdirectora de Proyecto Matria señaló que, según estadísticas del Observatorio de Equidad de Género, ha habido años en los que hasta un 20% de los feminicidios permanecen bajo investigación sin que se observe una reclasificación posterior.

A su juicio, la respuesta rápida en este caso respondió a una combinación de factores, entre ellos la insistencia de la familia de la víctima y la atención pública que ha recibido la pesquisa.

“La familia de ella mostró interés en el caso de inmediato y pidió que se investigara como feminicidio. No se quedaron de brazos cruzados esperando a ver qué era lo que iba a pasar con el proceso”, dijo.

Pagán también sostuvo que el hecho de que trascendiera información sobre la persona de interés y su historial judicial pudo haber acelerado la respuesta institucional.

“El hecho de que haya salido información sobre la posibilidad de un feminicida reincidente y cómo el sistema falló a la hora de rehabilitarlo o mantenerlo privado de libertad definitivamente me parece que jugó un rol bien importante para que tanto la Policía como el Departamento de Justicia aceleraran el proceso”, añadió.

El feminicidio no se limita a relaciones de pareja

Uno de los puntos principales que Pagán buscó aclarar es que un caso no tiene que involucrar necesariamente a una pareja o expareja para ser investigado como feminicidio.

“La gente tiene la mala concepción de que los feminicidios son solamente asesinatos ocurridos en relaciones de pareja, pero no”, afirmó.

La abogada explicó que una muerte violenta de una mujer puede investigarse como feminicidio en distintos escenarios, incluyendo casos relacionados con acecho, agresión sexual u otros contextos de violencia contra las mujeres.

“Un feminicidio puede ser una mujer que muere por un acechador, una mujer que muere en medio de un evento de agresión sexual. Hay muchos otros tipos de asesinatos de mujeres que pueden ser clasificados como feminicidios”, sostuvo.

Pagán recordó que el Observatorio de Equidad de Género distingue entre feminicidios íntimos, que son aquellos cometidos por parejas o exparejas, y feminicidios no íntimos, en los que no existe una relación sentimental entre víctima y agresor.

¿Qué debe ocurrir bajo el protocolo?

Según Pagán, la activación del protocolo de feminicidio supone que la investigación debe iniciar tan pronto las autoridades tienen conocimiento del incidente, ya sea mediante una querella, información pública o incluso una publicación en medios de comunicación.

También implica que la pesquisa debe excluir prejuicios y estereotipos de género, incorporar a familiares de la víctima y coordinar el trabajo de varias agencias.

“Muchas veces las personas piensan que una investigación de feminicidio le toca a la Policía, pero no. Hay tres agencias que convergen: el Instituto de Ciencias Forenses, los fiscales del Departamento de Justicia y la Policía”, explicó.

La abogada sostuvo que, en este tipo de investigaciones, la Fiscalía suele tener un rol central porque es quien identifica la evidencia necesaria para sostener un caso en tribunal.

“Usualmente quien dirige la investigación es la parte de Fiscalía, porque son los que saben la evidencia que van a necesitar para acudir a un tribunal”, indicó.

Pagán añadió que el protocolo procura una investigación multidisciplinaria, en la que pueden intervenir otras áreas especializadas, como divisiones vinculadas a delitos sexuales o crímenes cibernéticos, dependiendo de las circunstancias del caso.

La importancia de preservar evidencia

La exdirectora de Proyecto Matria insistió en que las primeras horas de una investigación son cruciales para evitar la pérdida de evidencia.

Aunque aclaró que hablaba de forma general sobre casos de violencia de género, explicó que la diligencia inicial puede marcar la diferencia entre un caso sólido y uno que se debilita antes de llegar a los tribunales.

“Uno de los problemas que tenemos con los casos, no solamente de feminicidios, sino de violencia doméstica en términos generales, es que a veces las investigaciones se dilatan tanto que se pierde evidencia”, señaló.

Mencionó como ejemplo la importancia de identificar testigos, tomar fotografías, solicitar récords médicos, recopilar testimonios y preservar la evidencia desde las primeras 24 horas.

“Si la Policía y la Fiscalía preservaron la evidencia en las primeras 24 horas, pueden continuar el caso aunque la víctima no quiera testificar, porque tienen otros testigos, tienen fotos, tienen récords médicos”, explicó.

En casos de feminicidio, agregó, la preservación de la escena adquiere aún más relevancia.

“He visto casos en los que la entrada y salida de personas de la escena de un crimen alteran la escena y después no sirve cuando se va al tribunal”, advirtió.

Casos que no parecían feminicidios

Pagán también recordó que en Puerto Rico han existido casos en los que una muerte de una mujer inicialmente fue clasificada de otra manera y luego fue reexaminada.

“Ha habido más de uno”, afirmó.

Mencionó el caso de Melissa Belén, una mujer cuya muerte fue clasificada inicialmente como suicidio, hasta que una investigación periodística insistente llevó a revisar el expediente.

“Finalmente se demostró que había sido un asesinato que se disfrazó de suicidio”, expresó.

Para Pagán, ese tipo de antecedentes confirma la importancia de investigar con rigor desde el principio y de no descartar prematuramente la posibilidad de violencia de género.

La deuda de la prevención

La posible reincidencia de una persona previamente convicta por un feminicidio también llevó a Pagán a cuestionar la falta de prevención y rehabilitación efectiva dentro del sistema.

Según la líder feminista, la respuesta institucional sigue llegando cuando el daño ya está hecho.

“¿Por qué en nuestro país todavía no se trabaja la prevención? Porque de nada nos vale aplicar la Ley 54 o procesar un caso como feminicidio cuando ya el daño está hecho”, sostuvo.

“Ya sea que la golpeó y la traumatizó de por vida y le dañó la vida, o que la asesinó, ya el daño está hecho”, añadió.

Pagán cuestionó que Puerto Rico no cuente con políticas efectivas de prevención de violencia contra las mujeres, así como la falta de evidencia sobre la efectividad de programas dirigidos a agresores.

“No hay garantías de que haya habido algún tipo de proceso de rehabilitación. No hay evidencia de la efectividad de los programas de desvío que se utilizan en la Ley 54”, expresó.

A su juicio, el sistema no puede limitarse a cumplir con procesos burocráticos sin evaluar de manera real si una persona agresora representa un riesgo futuro.

“No hay un proceso de rehabilitación intencional de parte del Estado. Hay simplemente un proceso burocrático que se sigue con una persona que es acusada”, indicó.

Un mensaje que no debe recaer sobre las mujeres

Al ser preguntada sobre el mensaje que deja este caso para las mujeres que viven situaciones de violencia, Pagán fue enfática en que la responsabilidad no debe colocarse sobre ellas.

“Yo no quisiera dejarles un mensaje a las mujeres porque eso implica que ellas siguen siendo responsables de la violencia que reciben”, sostuvo.

La abogada rechazó que la discusión pública termine reducida a pedirles a las mujeres que se cuiden más o que investiguen a cada persona con la que se relacionan.

En cambio, sostuvo que el mensaje debe dirigirse a los hombres y al Estado.

“Los hombres tienen que revisar sus privilegios, tienen que revisar sus actitudes violentas y comprometerse con la idea de que la vida de toda persona es sagrada. Ninguna mujer les pertenece y de ninguna mujer pueden tomar la vida violentamente”, expresó.

Sobre el gobierno, Pagán reclamó una respuesta más contundente frente a la violencia de género.

“El gobierno tiene que de una vez por todas asumir su responsabilidad en la ola de feminicidios que hay en nuestro país”, afirmó.

Según sostuvo, las políticas públicas que relegan las necesidades de las mujeres y no reconocen el machismo como raíz de la violencia terminan aumentando su vulnerabilidad.“Aquí quieren hablar de violencia contra las mujeres sin reconocer que la raíz de esa violencia es el machismo”, puntualizó.

Contexto del caso

Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años, fue hallada sin vida el pasado 24 de junio en una residencia ubicada en la carretera PR-1, en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Inicialmente, las autoridades indicaron que no presentaba signos visibles de violencia. Sin embargo, tras el análisis del Instituto de Ciencias Forenses, la patóloga forense Paola Luna García certificó que la causa de muerte fue violenta, lo que llevó a la Policía a reclasificar el caso como asesinato.

Como parte de la investigación, las autoridades arrestaron el miércoles, 1 de julio, a Carlos Manuel Stefano Pino, de 67 años, identificado como persona de interés en el caso. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el arresto conllevará la radicación de cargos relacionados con la muerte de Torres Castro.

La pesquisa continúa a cargo del agente Reimundo Quiñones, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la fiscal Liza Y. Morales y personal del Instituto de Ciencias Forenses.

Feminicidios en lo que va del 2026

De confirmarse que se trata de un feminicidio íntimo, el caso de Torres Castro se sumaría a los ocurridos este año en Puerto Rico.

El informe más reciente del Observatorio de Equidad de Género, publicado el 11 de junio, contabilizaba ocho feminicidios íntimos durante 2026.

• 1 de febrero – Alexandra Carrero Vega (50 años), AguadillaMurió por heridas de bala. El presunto agresor fue su pareja, quien se suicidó en la escena.
• 11 de febrero – Ignacia Santiago Labrador (79 años), Vega Baja. Falleció por un disparo. Su esposo fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio negligente.
• 21 de febrero – Lourdes Pilar Santiago Reyes (65 años), Bayamón. Murió por golpes y estrangulamiento. Su pareja fue arrestada y acusada de asesinato, estrangulamiento y violaciones a la Ley 54.
• 11 de marzo – Ana Delia Ocaña Rodríguez (50 años), Hatillo. Fue encontrada muerta con una herida en la cabeza. Su pareja, un guardia de seguridad, fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado.
• 28 de abril – Kenya Enid Morales Dávila (37 años), Guayama. Recibió disparos y falleció al día siguiente en el hospital. El presunto agresor, su esposo, se suicidó tras el ataque.
• 8 de mayo – Jessica Morales Hernández (41 años), Mayagüez. Murió por heridas de bala. El presunto agresor, su esposo, se suicidó luego del crimen.
• 15 de mayo – Kimberly Cruz Pacheco (32 años), Cabo Rojo. Murió por heridas de bala. El Observatorio la clasifica como feminicidio íntimo.
• 26 de mayo – Gemillies Lozada Navarro (25 años), CarolinaMurió por heridas de bala. El presunto agresor se suicidó tras el crimen.
• El informe del Observatorio cierra al 11 de junio, por lo que no incluye los casos ocurridos posteriormente, como el de Mariluz Suárez Florenciani (Mayagüez, reclasificado bajo protocolo de feminicidio) ni el de Jennifer Marie Torres Castro (Caguas), que actualmente se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?

• Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378
• Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446
• Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800
• Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634
• Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022
• Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525
• Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977