Gobernadora firma ley sobre maltrato de animales y veta proyecto por falta de viabilidad fiscal 

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que impone penas más severas contra el maltrato de animales, al tiempo que atempera las penalidades al ordenamiento jurídico vigente, y vetó otro proyecto legislativo al concluir que no es operacional ni fiscalmente viable.

La Ley 73-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 039, fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a un grupo de senadores de mayoría y minoría.

La medida enmienda la Ley Núm. 154-2008, conocida como la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, con el fin de armonizar sus disposiciones con el sistema de penas fijas establecido en el Código Penal del 2012. Según su exposición de motivos, el objetivo es evitar inconsistencias en la aplicación de sentencias y promover un sistema penal más uniforme, justo y equitativo.

Por otro lado, la mandataria vetó el Proyecto del Senado 417, que buscaba otorgar al Departamento de la Familia la autoridad para regular, licenciar y fiscalizar diversas facilidades dedicadas al cuidado de adultos con impedimentos, incluyendo instituciones residenciales, hogares de cuidado diurno, centros de actividades y otros servicios especializados.

Aunque González Colón reconoció que la intención de la medida es legítima y atiende una necesidad real, sostuvo que el proyecto presenta serios retos de implementación administrativa, operacional y fiscal.

El Ejecutivo señaló que la propuesta impone nuevas responsabilidades al Departamento de la Familia sin una asignación presupuestaria específica ni un análisis detallado de costos. Además, indicó que la agencia no cuenta actualmente con los recursos humanos ni fiscales necesarios para asumir esas funciones.

Asimismo, se indicó que durante el proceso legislativo se recomendó incluir una asignación presupuestaria clara para su implementación, lo cual no fue incorporado en el texto final. Aunque la medida crea un fondo especial mediante tarifas y multas, estos ingresos serían prospectivos y no garantizan los recursos iniciales necesarios.

“Una legislación de esta naturaleza requiere un marco fiscal claro y una planificación robusta que garantice su viabilidad”, expresó la gobernadora al justificar el veto.