Cámara ordena estudio sobre alza en gasolina y posibles alivios contributivos 

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, encomendó a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) la realización de un estudio económico y contributivo sobre el precio de la gasolina en Puerto Rico, en medio del reciente aumento en los costos del combustible. La solicitud, hecha junto al presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parès, busca identificar los factores que inciden en el precio final que pagan los consumidores y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto.

Según Méndez, el análisis responde a dos tendencias recientes: el aumento de la inflación a 2.5% en marzo y el alza de 4.2% en el precio de la gasolina. Aunque destacó que el incremento es menor que en jurisdicciones de Estados Unidos, sostuvo que es necesario examinar en detalle cómo se comporta el mercado local, incluyendo el tiempo que toma reflejar en la bomba las variaciones en el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI).

Puerto Rico depende en un 90.6% del combustible derivado del WTI, proveniente principalmente de Texas y Oklahoma, mientras que el restante se importa de países como Colombia, México, naciones africanas y Trinidad y Tobago. A pesar de que este suministro no está directamente atado a los conflictos en el Medio Oriente, funcionarios legislativos reconocieron que la volatilidad del mercado global de hidrocarburos tiene efectos indirectos en la isla.

El consumo mensual de gasolina en Puerto Rico ronda los 70 millones de galones, en un contexto donde el precio del barril WTI se sitúa en $96.47, tras haber alcanzado un pico de $112.75 a inicios de abril. No obstante, Parès señaló que el precio en la bomba ha llegado a $1.14 por litro en algunos puntos, niveles que no se registraban en los pasados cuatro años.

El estudio también analizará el impacto de los arbitrios y otros tributos en el precio final, así como los costos asociados al refinamiento, transporte y mercadeo. Parès advirtió que cualquier propuesta para eliminar o modificar contribuciones debe estar sustentada en datos concretos sobre su efecto en el erario y en el bolsillo del consumidor, además de considerar alternativas que puedan implementarse con mayor agilidad.