Documentos apuntan a esquema repetido de subcontratación en caso de Suzanne Roig 

El expediente de investigación del Departamento de Salud sobre la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, describe un patrón de contratación que se repitió con más de un proveedor y que incluyó la condición de subcontratación de una empresa privada como parte de la estructura de pago en contratos públicos.

El documento integra el informe de investigación del Departamento de Salud, junto a declaraciones juradas, correos electrónicos y otros anejos que formaron parte del referido evaluado por el Ministerio Público. Senadores del Partido Popular Democrático (PPD) levantaron bandera sobre que el Departamento de Justicia habría cerrado la investigación sin entrevistar a los proveedores a los que presuntamente Roig Fuentes habría pedido la subcontratación de una empresa privada de seguridad.

El expediente documenta la participación de al menos dos hogares: Hacienda Don Luis y Brother’s Home.

Ambos casos describen estructuras similares: contratos otorgados o ajustados por el Departamento de Salud que incluían la intervención de la empresa One Source Investigations (OSI) como subcontratista.

Estos procesos ocurrieron en la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI), que Roig Fuertes dirigió entre febrero de 2021 y enero de 2022.

Según declaraciones juradas, proveedores indicaron que tras reuniones en el Departamento se les comunicó que OSI sería la entidad encargada de ciertos servicios al participante.

El expediente incluye comunicaciones electrónicas que ubican la participación de terceros dentro del proceso de contratación. Esto es consistente la versión que Eliot Colón, propietario de Hacienda Don Luis, brindó al programa Rayos X donde dijo que se le requirió la subcontratación de OSI, aun cuando él levantó objeciones. Según Colón, en esa reunión el representante de OSI fue Wilfredo Benítez González, un expolicía. El eje de la investigación inicial en Salud y referido a Justicia habría sido un conflicto de intereses de la entonces directora de la DSPDI.

En un correo fechado el 8 de julio de 2021, una funcionaria del DSPDI indicó a un proveedor que, “por instrucciones de mi directora”, compartía el contacto de una persona asociada a la empresa de seguridad que luego formaría parte de la estructura de servicios.

Ese intercambio ocurre tras una reunión relacionada con el caso del participante descrito en los documentos como INR.

La cronología del expediente establece además que, luego de esa reunión, el proveedor cursó comunicación directa a OSI el 10 de julio de 2021, presentando un presupuesto inicial de aproximadamente $29,424 mensuales, el cual posteriormente fue revisado al alza por la empresa.

En la minuta de reuniones incluida en el expediente también se hace referencia a un enlace entre el proveedor y OSI identificado por el apellido Benítez.

Aumentos contractuales y distribución de fondos

El expediente refleja que propuestas iniciales de servicios fueron aumentadas hasta cifras cercanas a $60,000 mensuales.

Parte de ese incremento, según los testimonios incluidos en el informe de Salud, estaba vinculado a cubrir los costos de la empresa subcontratada. En entrevista con Rayos X, Colón habló que prácticamente la mitad era para OSI.

Servicios sin contrato formal

Uno de los hallazgos consignados en el expediente es que, en ciertos momentos, OSI prestaba servicios sin un contrato formal con el proveedor principal, a pesar de que ya existía facturación por esos servicios.

OSI no figuraba como contratista directo del Estado, sino como subcontratista dentro de los acuerdos con proveedores.

En sus conclusiones —incluidas en el expediente evaluado por Justicia— el informe del Departamento de Salud establece que Roig Fuertes pudo haber utilizado su posición para favorecer la contratación de una entidad privada, promoviendo aumentos en la compensación de proveedores condicionados a esa subcontratación.

El documento añade que esta estructura pudo haber tenido el efecto de evadir los procesos formales de contratación gubernamental.

Versión de la funcionaria

El expediente incluye una entrevista realizada a Roig Fuertes el 14 de febrero de 2022 como parte de la investigación administrativa del Departamento de Salud.

En esa intervención, la funcionaria negó haber instruido pagos a terceros o haber participado en negociaciones contractuales entre proveedores.

Mellado: “El problema no es el monto, es la condición”

El exsecretario de Salud, Carlos Mellado, sostuvo en entrevista con Telemundo que el eje del referido no era el costo del contrato, sino la alegada condición impuesta para subcontratar a un tercero.

“El problema no es el contrato… es que ella obligó al contratista a traer a un tercero dentro de ese contrato. Ahí es donde está el meollo”, expresó.

Determinación de Justicia: evidencia insuficiente

Pese a los hallazgos administrativos, el informe del Departamento de Justicia concluyó que la evidencia recopilada no era suficiente para sostener la comisión de delito.

Según el documento, el análisis de la prueba —incluyendo declaraciones juradas y evidencia documental— no permitió establecer conducta criminal que cumpliera con el estándar de prueba requerido en derecho penal.

Aunque el expediente incluye correos electrónicos, minutas y una cronología detallada sobre las reuniones entre el proveedor, personal del Departamento de Salud y la empresa OSI, el informe del Departamento de Justicia no desarrolla un análisis extenso sobre ese intercambio específico dentro de su determinación final. La interacción —que incluye la referencia a contactos de terceros, presupuestos y discusiones operacionales— aparece documentada en la sección de hechos y evidencia recopilada, pero no figura como un elemento central en la evaluación jurídica que sustentó el archivo del caso.

El informe señala que los procesos examinados podían corresponder a dinámicas administrativas propias de este tipo de servicios, los cuales operan bajo supervisión federal y atienden casos de alta complejidad.

En ese contexto, se determinó el cierre y archivo del caso el 30 de octubre de 2025, ya durante la presente administración donde Roig Fuertes es secretaria de Familia, sin la radicación de cargos. La trabajadora social indicó en su proceso de confirmación como secretaria de la Familia ante el Senado que no habían investigaciones pendientes sobre su gestión.

Por su parte, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, expresó en declaraciones escritas que siempre estuvo confiada en el resultado de la investigación. “Siempre he estado tranquila y confiada de que la verdad saldría a la luz… he actuado siguiendo los más altos estándares, valores éticos y profesionales”, sostuvo.

El caso gira en torno al manejo de un participante con necesidades complejas, cuyo cuidado requería condiciones especiales, incluyendo supervisión intensiva.

No obstante, el expediente —incluyendo el informe de Salud— centra su análisis en el proceso de contratación y no en la condición del paciente.