Fiscalía federal excluyó cargos por compra de votos con drogas en caso que salpicaba a Jenniffer González 

Según el medio estadounidense, la orden se produjo cuando los fiscales ya contaban con evidencia de un esquema en el que una organización criminal presuntamente intercambiaba drogas por votos dentro del sistema correccional, pero la acusación final, presentada en diciembre de 2024, omitió los cargos relacionados con el componente electoral pese a describirlo en documentos judiciales.

De acuerdo con la investigación de ProPublica, el caso comenzó como una pesquisa típica de narcotráfico en prisiones, pero derivó en un entramado más amplio en el que los líderes de la pandilla carcelaria conocida como Los Tiburones vendía drogas a los reclusos no solo por dinero, sino también por sus votos. Específicamente, votos para la actual gobernadora Jenniffer González Colón, partidaria del presidente Donald Trump, según descubrieron los investigadores.

Los investigadores documentaron que algunos confinados, muchos con problemas de adicción, eran amenazados con violencia o con la privación de drogas para asegurar su respaldo, mientras empleados correccionales presuntamente facilitaban la operación o hacían caso omiso.

Los investigadores habían reunido pruebas contundentes de fraude electoral que implicaban tanto a reclusos como a personal penitenciario, y estaban trabajando para determinar si González-Colón o su campaña estaban involucradas, según ProPublica, que atribuyó la información a cuatro personas con conocimiento del caso. Estas personas solicitaron el anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el caso.

Pese a la evidencia recopilada, superiores en la Fiscalía federal instruyeron excluir esos cargos y limitar la acusación a delitos como narcotráfico, lavado de dinero y armas. En total, 34 personas fueron acusadas en el pliego radicado en diciembre de 2024.

El reportaje también señala que, posteriormente, el fiscal principal del caso fue instruido a no continuar la investigación, lo que generó frustración entre personas familiarizadas con el proceso, quienes consideraban que el caso estaba bien sustentado.

La oficina del fiscal federal en Puerto Rico, encabezada por W. Stephen Muldrow, sostuvo que no comenta sobre investigaciones en curso y reiteró que procesa casos de corrupción cuando existe evidencia suficiente. Posteriormente y reaccionando a otro caso, aseguró que no existe investigación abierta contra la gobernadora.

En un comunicado emitido este martes, González-Colón rechazó las alegaciones y las calificó como “difamatorias”. “Durante mi carrera y en mis campañas hemos combatido la corrupción y respetado los procesos democráticos”, expresó.

La gobernadora afirmó que el señalamiento responde a intentos de dañar su reputación: “Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán”.

Asimismo, indicó que durante la campaña su equipo sostuvo reuniones con diversos sectores, incluidos familiares de confinados, como parte del desarrollo de propuestas públicas, y aseguró que la población correccional no la favoreció en la primaria de 2024, en la que —según dijo— apoyó mayoritariamente al exgobernador Pedro Pierluisi.

González-Colón defendió su política pública hacia la población penal, destacando iniciativas de rehabilitación, educación y salud en las cárceles, y reiteró que “las alegaciones de intervenciones indebidas son completamente falsas”. También sostuvo que cualquier investigación federal correspondería a periodos previos a su administración.