En plena controversia con el Cuerpo de Ingenieros, el DRNA defiende el dragado en Loíza y pide retirar la orden federal

En una carta fechada el 18 de julio y firmada por el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, la agencia solicitó que se retire la orden de “cease and desist” emitida el 8 de julio, así como cualquier multa administrativa relacionada con el incidente.

Según el DRNA, la intervención se produjo luego de que miembros del Cuerpo de Vigilantes recibieran un aviso de que dos manatíes habían quedado atrapados en el canal que conecta el Río Grande de Loíza con el océano Atlántico, debido a que la salida había quedado obstruida por arena acumulada tras las lluvias del fin de semana anterior.

La agencia explicó que la bióloga y experta en mamíferos marinos, la doctora Nilda Jiménez, evaluó la situación y recomendó reabrir el canal para evitar daños a los animales, una especie protegida en peligro de extinción. De acuerdo con la carta, existía un riesgo inmediato por la disminución de oxígeno en el agua y la falta de una fuente continua de alimento.

El DRNA sostiene que, antes de realizar los trabajos, revisó las disposiciones del permiso general emitido por el propio Cuerpo de Ingenieros y concluyó que la intervención estaba autorizada bajo una disposición que permite realizar actividades para mejorar el paso de peces y otros organismos acuáticos.

Además, indicó que el canal fue restaurado únicamente para permitir que los manatíes pudieran llegar al océano y que toda la arena removida fue depositada en una zona cercana, a unos 15 pies de la desembocadura.

En la comunicación, Quiles Pérez afirma que las alegaciones incluidas en la orden del Cuerpo de Ingenieros son incorrectas y recalca que las acciones del DRNA fueron “legales, limitadas en alcance y necesarias” para proteger una especie en peligro bajo circunstancias de emergencia.

“El DRNA disputa respetuosamente las aseveraciones fácticas contenidas en la orden emitida el 8 de julio de 2026”, expresa la carta.Por ello, la agencia solicitó que se retire cualquier sanción administrativa relacionada con el caso y reiteró su disposición de continuar dialogando con el Cuerpo de Ingenieros para resolver la controversia.

La controversia ocurre mientras Loíza espera otro permiso del DRNA

La disputa entre el DRNA y el Cuerpo de Ingenieros surge en momentos en que el propio Departamento enfrenta presiones para agilizar otro permiso relacionado con Loíza.

Apenas esta semana, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reclamó al DRNA que renueve el permiso necesario para que el municipio pueda ejecutar trabajos de mitigación de la erosión costera en la comunidad Parcelas Suárez.

La alcaldesa Julia Nazario Fuentes sostuvo que el permiso anterior del DRNA ya expiró y todavía no ha sido renovado, pese a que el Cuerpo de Ingenieros ya otorgó la autorización federal para esas obras, la cual permanece vigente hasta el año 2031.

El reclamo también coincidió con la publicación de un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que concluyó que la erosión continúa agravándose en las costas de Puerto Rico. La investigación encontró que el 75% de los sectores de playa analizados en 11 municipios, incluyendo Loíza, presentan procesos de erosión, lo que refuerza la urgencia de ejecutar proyectos de mitigación en esa zona.