Proveedores de educación especial reclaman ajuste tarifario ante pérdida de terapistas 

“Cada terapista que perdemos representa una terapia más para un niño en Estados Unidos y una terapia menos para un niño de educación especial en Puerto Rico”, expresó Moreno en declaraciones escritas.

La organización sustentó su reclamo en un estudio del economista Gustavo Vélez, presentado el 10 de junio al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés. Según APPST, el análisis concluyó que el sistema opera con tarifas que no reflejan la inflación, el aumento en los costos administrativos ni las condiciones actuales del mercado laboral.

En términos prácticos, la asociación sostuvo que los proveedores reciben compensaciones calculadas bajo la realidad económica de hace más de una década, mientras deben pagar más por personal, seguros, tecnología, energía eléctrica, agua, transportación y cumplimiento regulatorio.

Esa diferencia, según Moreno, reduce la capacidad de las empresas para ofrecer mejores pagos a los terapistas, muchos de los cuales optan por ejercer en otras jurisdicciones con salarios y condiciones más competitivas.

“Mientras la realidad económica del país ha cambiado drásticamente desde el 2015, la estructura bajo la cual opera gran parte del sistema de educación especial prácticamente se ha mantenido congelada en el tiempo”, sostuvo el dirigente.

APPST advirtió que la falta de profesionales no solo afecta las finanzas de los proveedores, sino que limita la disponibilidad de terapias y dificulta que los estudiantes reciban servicios de manera continua y dentro del tiempo requerido.

La asociación pidió que la revisión tarifaria se complete antes del inicio de los servicios del próximo año escolar, pautado para el 3 de agosto.

Moreno señaló que durante años los proveedores han absorbido aumentos en sus costos para evitar interrupciones, pero aseguró que muchas organizaciones ya operan con poca capacidad para afrontar retrasos en los pagos, nuevas exigencias administrativas o gastos adicionales.

Además de la revisión de tarifas, APPST planteó que la crisis requiere la intervención de la gobernadora, la Asamblea Legislativa, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, debido a que varias de las medidas necesarias exceden la autoridad del Departamento de Educación.

Según la organización, actualmente se realizan análisis adicionales para calcular el costo de las recomendaciones incluidas en el estudio y evaluar alternativas para estabilizar el sistema a largo plazo.

“Los proveedores han hecho su parte. Han absorbido inflación, aumentos en costos operacionales, mayores exigencias regulatorias y las presiones de un mercado laboral cada vez más competitivo para garantizar que nuestros niños continúen recibiendo servicios”, expresó Moreno.

El presidente de APPST sostuvo que cualquier solución deberá atender tanto la compensación de los terapistas como la viabilidad económica de las empresas responsables de contratar profesionales y prestar los servicios a los estudiantes de educación especial.