Bufete de abuelo de Sebastián Negrón rompe el silencio: defiende su gestión tras señalamientos de La Fortaleza 

“Estos contratos de incentivos son los mecanismos que regularmente utiliza el Gobierno para adelantar su política económica a cambio de que compañías generen empleos, realicen inversiones de capital y sostengan sectores importantes de la economía de Puerto Rico”, expresó el bufete.

La reacción surge luego de que Domenech presentara declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia en las que alegó que Negrón Reichard incurrió en múltiples conflictos de interés que, presuntamente, beneficiaron a clientes de Reichard & Escalera por una cuantía que supera los $74 millones en incentivos.

Entre los señalamientos presentados por La Fortaleza figura que varios clientes del bufete, propiedad de Héctor Reichard de Cardona —abuelo del exsecretario—, obtuvieron decretos e incentivos mientras Negrón Reichard dirigía el DDEC. Además, se alega que el entonces funcionario no presentó mecanismos de inhibición relacionados con la firma legal ni con sus clientes.

Ante esas alegaciones, Reichard & Escalera insistió en que su función se limita a la representación legal y contributiva de empresas privadas dentro del marco legal vigente.

“Nuestra participación profesional se limita a la representación legal y contributiva de clientes privados conforme al marco legal aplicable. Nuestra representación legal siempre se ha llevado a cabo cumpliendo con la ley, los reglamentos aplicables y los cánones éticos que rigen nuestra profesión”, sostuvo la firma.

El bufete también señaló que las controversias surgidas entre funcionarios y exfuncionarios de la actual administración no describen adecuadamente la naturaleza de los servicios que presta.

“Como abogados de estas empresas, con esta y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede”, añadió.

La firma destacó que lleva más de cuatro décadas ofreciendo servicios legales en Puerto Rico y que ha asesorado a empresas acogidas a programas de incentivos desde la década de 1990.

Asimismo, afirmó que muchos de sus clientes han mantenido decretos contributivos durante años bajo distintas administraciones gubernamentales.

“Nuestros abogados han asesorado a empresas acogidas a estos programas desde la década de 1990, contribuyendo a iniciativas vinculadas con miles de millones de dólares en inversión local y la creación de miles de empleos”, indicó el bufete.

Finalmente, Reichard & Escalera expresó confianza en que las controversias públicas serán atendidas por las autoridades correspondientes y aseguró que estas son las únicas expresiones que realizará sobre el asunto.

“Confiamos en el profesionalismo e imparcialidad de la prensa del país y esperamos que las controversias públicas que han dado lugar a alegaciones por personas que no forman parte de nuestra firma se atenderán en los foros correspondientes”, concluyó la entidad.

Las expresiones se producen mientras continúan las investigaciones solicitadas por La Fortaleza ante la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia relacionadas con las actuaciones de Negrón Reichard durante su gestión al frente del DDEC.