La propuesta, radicada por el senador novoprogresista Wilmer Reyes Berríos, buscaba enmendar la Ley 9-2013 para que ningún empleado público adquiriera automáticamente la condición de socio de AEELA por el simple hecho de ingresar al servicio público. Bajo el proyecto, la afiliación y los descuentos correspondientes al Fondo de Ahorro y Préstamos solo podrían efectuarse mediante una autorización expresa del trabajador.
A pesar de contar con un informe positivo para su consideración, la medida terminó siendo derrotada tras un debate en el que legisladores de distintas delegaciones coincidieron en que no existía un reclamo real de los empleados públicos para modificar el modelo vigente.
Al presentar la medida, Reyes Berríos insistió en que la propuesta había sido malinterpretada y negó que pretendiera afectar la estructura financiera de la organización.
“Tengo que comenzar diciendo que lamentablemente personas que desconocen del proyecto, que desconocen del servicio público, que desconocen de lo que hace la asociación de empleados, han malinterpretado y han llevado mensajes equivocados. Nunca ha sido la intención de este servidor afectar a ningún servidor público”, expresó.
El senador sostuvo que la iniciativa no buscaba alterar los recursos económicos de AEELA, sino brindar a los empleados de la rama ejecutiva una opción similar a la que actualmente poseen ciertos funcionarios y grupos excluidos de la aportación obligatoria.
“Lo que buscaba este proyecto no tenía que ver nada con el dinero de AELA, su estructura, nada. Simplemente lo que hablaba era que al momento de ese servidor público ingresar al gobierno de Puerto Rico tuviera el mismo derecho que tienen los empleados del Senado, de la Cámara, de las corporaciones públicas”, afirmó.
Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó el planteamiento y argumentó que el texto del proyecto era claro en cuanto a sus efectos.
“El proyecto dice lo que dice. Está escrito aquí. El proyecto dice lo que dice”, sostuvo desde el hemiciclo.
Rivera Schatz cuestionó además que durante el trámite legislativo no surgieran ciudadanos o grupos de empleados públicos reclamando la aprobación de la medida.
“En el récord no hay nadie pidiendo este remedio”, afirmó.
El líder senatorial señaló que mientras las gradas del Senado estaban ocupadas por empleados y representantes que se oponían a la propuesta, no observó sectores organizados reclamando el cambio.
“Aquí están presentes los que no quieren esto. Los que lo quieren, ¿dónde están? Yo no los veo ni los escucho”, expresó.
Asimismo, planteó que una eventual reducción en la participación de AEELA podría beneficiar principalmente a la banca privada.
“La banca privada, pues por supuesto, salivando”, manifestó.
Rivera Schatz adelantó que el Senado derrotaría la medida para dejar clara su posición institucional.
“Hoy vamos a derrotar este proyecto con los votos para que quede claro cuál es la determinación del Senado de Puerto Rico”, indicó antes de consignar su voto en contra.
La senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilu también defendió la permanencia del modelo actual y recordó que AEELA lleva 105 años sirviendo a los empleados públicos de Puerto Rico.
Durante su intervención repasó la evolución histórica de la institución desde la creación del primer fondo de ahorro y préstamos para empleados gubernamentales en 1921 y destacó que actualmente ofrece servicios financieros en condiciones favorables para miles de trabajadores.
“Puerto Rico tiene tres bancos primarios, pero tiene una asociación de empleados de AELA que desde hace 105 años es multifacética en el servicio bajo tasas de intereses sumamente bajas y competitivas para los servidores públicos”, sostuvo.
Aunque reconoció la buena intención del autor del proyecto, indicó que cualquier controversia sobre la obligatoriedad de las aportaciones debería atenderse en los tribunales.
Por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, realizó una de las defensas más extensas de la institución.
La senadora argumentó que AEELA ha servido durante más de un siglo como una herramienta de apoyo financiero para empleados públicos que, en muchos casos, no tendrían acceso a los mismos beneficios en la banca privada.
“El mecanismo que existe hoy en ley es lo que ha permitido que miles y miles de servidores y servidoras públicas tengan acceso a facilidades de crédito que nunca tendrían en la banca privada”, afirmó.
Santiago destacó que la entidad administra más de $3,000 millones en activos y agrupa a cerca de 148,000 empleados públicos, además de ofrecer préstamos, becas, servicios legales, ayudas por incapacidad y otros beneficios.
La legisladora advirtió que hacer voluntarias las aportaciones provocaría inevitablemente una reducción en los recursos de la organización.
“Se va a desmantelar esta institución centenaria, se va a descapitalizar y todos esos servicios no va a haber con qué proveerlos”, sostuvo.
Desde la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), el portavoz Luis Javier Hernández también anunció el rechazo de su caucus al proyecto y cuestionó la necesidad de alterar una institución que, según dijo, ha ayudado a miles de familias puertorriqueñas.
“Cuando vimos el proyecto en el calendario nos preguntamos genuinamente si estaba ocurriendo algo en AELA que estuviésemos que plantear preocupación”, expresó.
Hernández recordó que muchos empleados públicos han podido adquirir su primera vivienda, enfrentar emergencias familiares o recuperarse de desastres naturales gracias a los servicios que ofrece la entidad.
“AELA ha servido históricamente como una herramienta de ahorro compulsorio que ha permitido a miles de empleados públicos acumular capital y acceder a financiamiento en condiciones favorables”, indicó.
Asimismo, señaló que durante el proceso legislativo no se presentó evidencia financiera, económica o actuarial que justificara un cambio tan significativo en el funcionamiento de la institución.
“Del expediente legislativo no surge evidencia actuarial, financiera o económica que demuestre la necesidad de alterar sustancialmente el modelo actual de esta institución”, sostuvo.
El senador penepé Ángel Toledo López también consignó su voto en contra de la medida, alineándose con los argumentos expresados por otros legisladores durante el debate.
La derrota a viva voz del Proyecto del Senado 1074 dejó intacto el modelo actual de AEELA y reflejó un inusual consenso entre legisladores del PNP, PPD y PIP en defensa de una de las instituciones más antiguas y representativas del servicio público puertorriqueño.
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