Justicia acusa por tentativa de asesinato al cuidador de Casa Dorada: alegan que intentó un “sacrilegio” contra adulta mayor 

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, sostuvo que las alegaciones describen “una grave traición” al deber de proteger a una persona de edad avanzada y adelantó que la investigación no ha concluido.

“La investigación no concluye con la radicación de estos cargos. Continuaremos investigando si otras personas incurrieron en conducta delictiva por estos hechos, para que sean llevadas ante la justicia”, expresó la funcionaria.

Contexto:

El procesamiento ocurre días después de que la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, revelara públicamente detalles de lo que describió como un presunto “ritual de muerte” que, según la información recopilada por su oficina, practicaba el sospechoso.

Durante una entrevista en Primer Round, Varela alegó que el hombre presuntamente golpeaba a las víctimas antes de suministrarles una pastilla y advirtió que las autoridades deben investigar si pudo haber otras personas afectadas.

“La pregunta es, si eso es así, ¿cuánta gente habrá muerto en ese ritual? No lo sabemos”, sostuvo entonces la procuradora.

Varela confirmó además que la Procuraduría mantiene abiertas dos investigaciones relacionadas con Casa Dorada y que solicitó pesquisas al Departamento de Justicia, la Policía y al Departamento de la Familia para esclarecer lo ocurrido.

La funcionaria también reveló que su oficina investiga la actuación del Departamento de la Familia en este caso y evalúa si existen fundamentos para imponer sanciones administrativas a esa agencia una vez concluya el proceso investigativo.

Asimismo, denunció recientemente que un reglamento aprobado por la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, redujo parte de las facultades fiscalizadoras de la Procuraduría sobre los hogares de cuidado prolongado, aunque aseguró que su oficina ha continuado realizando inspecciones.

El caso de Casa Dorada permanece bajo investigación mientras las autoridades determinan si otras personas podrían enfrentar cargos criminales por los hechos ocurridos en la institución.