Bonistas de la AEE rechazan oferta de la Junta Fiscal y la acusan de prolongar la quiebra 

Al presentar esa propuesta, la Junta sostuvo que buscaba destrabar unas negociaciones que se han extendido por años y alcanzar una solución compatible con la estabilidad financiera de la AEE y la protección de los abonados del sistema eléctrico.

Sin embargo, los bonistas sostienen que la oferta no guarda relación con la capacidad de generación de ingresos de la corporación ni con decisiones previas del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito sobre los derechos de los acreedores. También alegan que ignora determinaciones recientes del Negociado de Energía de Puerto Rico relacionadas con la planificación financiera de la AEE.

En el comunicado, los acreedores reiteraron que mantienen disponible una propuesta alternativa que incluiría $2,500 millones en financiamiento inmediato, recursos que, según afirman, permitirían atender las reclamaciones de otros acreedores e iniciar inversiones para la modernización de la red eléctrica mientras concluye el proceso de reestructuración.

Los bonistas también responsabilizaron a la Junta de prolongar innecesariamente la quiebra y aseguraron que la permanencia del proceso limita el acceso de la AEE a los mercados de capital, retrasa el uso de miles de millones de dólares en fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico y contribuye al deterioro de la infraestructura energética de Puerto Rico.

“La resolución consensuada de la quiebra sigue siendo el único camino para asegurar el financiamiento necesario para mejorar la red eléctrica y obtener los beneficios económicos asociados para Puerto Rico”, indicaron.

La controversia se desarrolla mientras la jueza federal Laura Taylor Swain continúa atendiendo asuntos clave relacionados con el caso de Título III.

Recientemente, la magistrada ordenó que las partes discutan en la vista de ómnibus de esta semana el cálculo de los ingresos netos de la AEE, un elemento considerado fundamental para determinar la capacidad de la corporación de cumplir con un eventual plan de ajuste de deuda.

La quiebra de la AEE, radicada en 2017 bajo la ley PROMESA, permanece sin una resolución definitiva y continúa siendo uno de los procesos de reestructuración más complejos dentro del caso fiscal de Puerto Rico.