La discusión se dio durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico sobre el Proyecto del Senado 1245, radicado por el senador por acumulación Ángel Toledo López, quien sostiene que la legislación busca reconocer la capacidad legal de los jóvenes de 18 años para tomar decisiones civiles ordinarias sin necesidad de esperar hasta los 21 años.
En la exposición de motivos de la medida, el legislador argumentó que “no existe justificación jurídica suficiente para que una persona de dieciocho (18) años sea considerada suficientemente madura para ejercer el voto, asumir responsabilidad penal, pero insuficientemente capaz para celebrar válidamente actos civiles ordinarios”.
El Departamento de Justicia favoreció la continuación del trámite legislativo, pero recomendó enmiendas para armonizar diversas disposiciones del Código Civil con el cambio propuesto. Entre ellas, sugirió sustituir la referencia actual de 21 años por 18 años en las disposiciones sobre mayoría de edad, permitir que personas mayores de 18 años puedan contraer matrimonio sin necesidad de emancipación y reconocerles la capacidad de ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores.
No obstante, la agencia recomendó evaluar cuidadosamente el impacto sobre leyes especiales que actualmente establecen los 21 años como edad mínima para determinados asuntos, como la compra y consumo de productos de tabaco, la solicitud de licencias de armas y otras obligaciones legales específicas.
Ante ese planteamiento, Toledo López expresó su respaldo a mantener vigentes aquellas leyes especiales que establecen los 21 años como requisito mínimo.
Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico también respaldó la medida, aunque propuso ajustes para asegurar la congruencia entre el proyecto y el Código Civil.
Según la entidad, reconocer la mayoría de edad a los 18 años podría brindar mayor flexibilidad a la banca, al comercio y a diversos sectores económicos para incentivar el crédito, el emprendimiento y la actividad económica entre jóvenes adultos. Sin embargo, manifestó preocupación sobre el manejo de las pensiones alimentarias y la transición de los beneficios administrados por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).
Una de las disposiciones del proyecto establece que toda persona menor de 21 años continuará teniendo derecho a recibir alimentos independientemente de si cursa estudios secundarios, universitarios o vocacionales al alcanzar la mayoría de edad, salvo que trabaje a tiempo completo.
“Establecer como norma que, cuando la persona tenga empleo a tiempo completo carece de legitimación para solicitar asistencia económica de sus progenitores, puede privarla de recursos para atender necesidades básicas como la salud, estudios, o adiestramiento profesional”, señaló el Colegio en su ponencia.
“La afirmación de que el hijo o hija de 18 a 21 años que tiene un empleo a tiempo completo produce suficiente ingreso para satisfacer todas sus necesidades de subsistencia parte de una premisa errada”, añadió la organización.
En contraste, el Departamento de la Familia solicitó que se mantenga la mayoría de edad en 21 años al advertir que reducirla podría aumentar la pobreza juvenil, afectar a familias monoparentales y provocar un incremento en la deserción universitaria.
“Todos estos factores deben ser evaluados con extrema cautela y evaluar jurisdicciones donde a pesar de que la mayoría de edad es 18 años, para efectos de pensiones alimentarias es 21 años”, indicó la agencia en su ponencia.
Familia añadió que reducir la mayoría de edad no obliga necesariamente a modificar la edad para recibir pensión alimentaria y sostuvo que mantener ese derecho hasta los 21 años puede fomentar la formación académica y la productividad futura.
Toledo López insistió en que la medida no busca eliminar responsabilidades familiares, sino facilitar que los jóvenes que cuenten con la madurez necesaria puedan alcanzar una mayor independencia.
“No busco eliminar la responsabilidad de ningún padre sobre sus hijos, y estoy bien claro de que, más allá del derecho, es que yo pienso que se trata de una obligación moral de ayudar a sus hijos. Nuestra familia no deja de ser familia cuando cumple la mayoría de edad así que el crecer no es razón para dejar de tener una necesidad. Si tenemos que enmendarlo y buscar la manera de que esto se siga haciendo a través de ASUME, lo facilitamos”, expresó el senador.
Las vistas públicas continuarán a la 1:30 de la tarde con la participación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico.
Pendientes a Metro Puerto Rico para más detalles.
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