González Falcón confirmó además que la solicitud fue denegada, aunque evitó precisar cuándo ocurrió la decisión y tampoco pudo confirmar si la notificación oficial se realizó mediante carta.
“No tengo la fecha exactamente”, sostuvo durante la entrevista.
El jefe de la Uniformada también reveló que, durante el proceso, la Policía recibió una comunicación relacionada con una posible acción judicial, aunque no confirmó que se haya radicado un recurso en los tribunales.
La controversia sobre las escoltas de Vázquez Garced lleva meses generando debate público, particularmente luego de que trascendiera el caso federal en su contra.
A mediados de marzo, González Falcón ordenó oficialmente eliminar el servicio de escoltas que recibía la exgobernadora, luego de una solicitud realizada por la gobernadora Jenniffer González Colón y tras una evaluación legal del Departamento de Justicia.
En aquel momento, el superintendente confirmó que Vázquez Garced contaba con cinco escoltas de la Policía de Puerto Rico y dos guaguas oficiales asignadas.
“Hicimos la determinación y se las quitamos en ese momento. El próximo día ya la escolta regresó a sus nuevas funciones”, dijo entonces González Falcón en entrevista con Radio Isla.
El funcionario también aclaró previamente que el servicio de escoltas para exgobernantes no opera de manera permanente.
“No es 24/7, es cuando la persona está en movimiento”, explicó.
La decisión de retirarle la seguridad a la exgobernadora ocurrió luego de que la administración de Jenniffer González solicitara revisar la legalidad y necesidad de mantener el servicio.
Según se informó en ese momento, Justicia emitió una opinión reconociendo la facultad de la gobernadora como autoridad nominadora y el poder decisional del superintendente de la Policía sobre este tipo de recursos.
González Falcón incluso llegó a expresar públicamente su oposición a que Vázquez Garced continuara recibiendo escoltas tras el caso federal en su contra.
“Desde que Wanda Vázquez fue acusada por actos de corrupción por el gobierno federal, el pueblo de Puerto Rico ha cuestionado la necesidad y la legalidad de que reciba servicios de escoltas”, expresó previamente el superintendente.
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