Ombudsman pide al gobierno presionar a la JSF ante el alto costo de vida 

García Feliciano dijo en declaraciones escritas que el prisma de la JSF está centrado “solo en números y estadísticas, y se muestra indiferente de la angustia que enfrentan sectores marginados”.

“Los sectores que menos ganan y que tienen que hacer malabares extraordinarios para poder subsistir, viven estrangulados por el alto costo de vida, un asunto que el gobierno debe traer a la atención de la Junta de manera impostergable. No podemos ser cómplices de la pobreza en la que viven muchas familias, como la latente realidad que vivirán muchos adultos mayores ante esta amenaza”, pronunció.

El funcionario planteó las múltiples inquietudes que enfrenta cada puertorriqueño, a la hora de distribuir el presupuesto familiar en necesidades básicas, salud, educación y bienestar de sus hijos.

“Urge que la Legislatura y el Ejecutivo se esfuercen para que la Junta le dé una mirada a esta situación, que creará mayor inestabilidad social, ante el duro golpe que enfrenta la solvencia familiar y la canasta básica. No hay soluciones mágicas para atenderlos, pero hay maneras de hacerlo priorizando y de forma escalonada”, manifestó.

García Feliciano citó que la ciudadanía enfrenta responsabilidades que antes no tenía y de las que ahora, según dijo, no tiene escapatoria. Entre ellas, los aumentos en los cargos fijos de la factura de energía eléctrica, que cuentan con el aval de la Junta.

En el aspecto remunerativo, García Feliciano especificó que los planes de Clasificación y Retribución del sector público no atendieron adecuadamente los ajustes de salario.

Indicó que tiene conocimiento de empleados que han protestado esos ajustes y luego de largos meses, no han sido atendidos. Además, refirió que hay agencias que todavía no han puesto en vigor dichos ajustes y otras que ni siquiera han preparado sus planes.

En el renglón de la conservación de la salud, el Procurador se mostró sorprendido de que la aportación que hace el gobierno a los planes médicos siga siendo de $125 para la mayoría de los empleados públicos. Reclamó que la Junta entienda y consienta liberar algún dinero, para obtener servicios de salud adecuados.

“La Legislatura y el Ejecutivo deben actuar en consenso para que la Junta atienda estos señalamientos con detenimiento, y salga en defensa de nuestra gente”, agregó.