Organizaciones alegan ante tribunal federal que FEMA aplicó procesos desiguales en la reconstrucción de Puerto Rico 

El documento fue sometido por LatinoJustice PRLDEF, Southern Legal Counsel, Inc. y la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLUPR) en el caso del Comité Diálogo Ambiental, Inc. contra FEMA, una demanda que cuestiona las evaluaciones ambientales utilizadas para la reconstrucción de la infraestructura energética de la isla.

Según las organizaciones, FEMA se apoyó en una Evaluación Ambiental Programática y en un proceso de revisión ambiental menos riguroso en lugar de realizar una Declaración de Impacto Ambiental completa conforme a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés). Los grupos sostienen que esa decisión limita la participación de las comunidades en decisiones relacionadas con el medio ambiente, la salud pública y el futuro energético de Puerto Rico.

En el informe, las organizaciones también argumentan que las comunidades puertorriqueñas continúan enfrentando las consecuencias de decisiones de recuperación tomadas sin suficiente transparencia, participación ciudadana ni mecanismos adecuados de rendición de cuentas.

Como parte del recurso judicial, los grupos incluyeron una investigación elaborada por la profesora Nadia B. Ahmad, quien, según el documento, encontró una disparidad de financiamiento cercana a cuatro a uno a favor de contratistas corporativos frente a la asistencia directa a hogares afectados por desastres. El informe también señala una reducción de 38 % en la ayuda destinada a comunidades rurales a nivel nacional.

Asimismo, las organizaciones sostienen que los 78 municipios de Puerto Rico han sido excluidos de los sistemas de datos del Índice Nacional de Riesgo de FEMA. También alegan que comunidades de bajos ingresos ubicadas cerca de infraestructura de combustibles fósiles en el sureste de la isla han enfrentado impactos ambientales y de salud pública desproporcionados.

Los grupos destacaron que estos planteamientos cobran relevancia ante el inicio de una nueva temporada de huracanes el próximo 1 de junio y mientras continúa el proceso de reconstrucción de la red eléctrica puertorriqueña.

Roberto Cruz, abogado de Southern Legal Counsel, afirmó que FEMA ha priorizado la rapidez en la asignación de fondos para la reconstrucción sobre una evaluación más amplia de las consecuencias ambientales y sociales de los proyectos. Según el letrado, la inversión de aproximadamente $12,000 millones en la red eléctrica requiere una revisión ambiental más exhaustiva.

Por su parte, el director legal de la ACLUPR, Fermín Arraiza Navas, sostuvo que la dependencia de sistemas energéticos basados en combustibles fósiles ha tenido efectos negativos sobre la salud pública, el medioambiente y el desarrollo económico de Puerto Rico. Además, afirmó que la transición hacia fuentes renovables responde mejor a los intereses de los residentes de la isla.

Las organizaciones también argumentaron que la continua inversión federal en infraestructura asociada a combustibles fósiles podría entrar en conflicto con las metas de energía limpia establecidas por Puerto Rico. De igual forma, advirtieron que permitir que FEMA avance sin una Declaración de Impacto Ambiental completa podría sentar un precedente para otros proyectos de reconstrucción a nivel nacional.

Como remedio, los grupos solicitaron al Tribunal de Apelaciones que confirme la decisión previa del Tribunal de Distrito de Puerto Rico que ordena a FEMA realizar una Declaración de Impacto Ambiental completa antes de tomar decisiones de gran alcance sobre la reconstrucción del sistema eléctrico del archipiélago.