Junta de Supervisión Fiscal evalúa reclamo de Realtors contra ley de reciprocidad de licencias 

En una carta fechada el 26 de mayo de 2026, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., respondió a los planteamientos del grupo y explicó que el reglamento aún no ha sido sometido formalmente ante el ente fiscal para evaluación bajo PROMESA.

La controversia gira en torno a la Ley 102-2025, conocida como la “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales en Puerto Rico”, firmada en agosto de 2025. La medida crea un mecanismo de reciprocidad para reconocer licencias profesionales y ocupacionales expedidas en otros estados de Estados Unidos.

Según la comunicación enviada a la Junta Fiscal, el grupo de Realtors sostiene que la ley y el reglamento propuesto debilitan el marco regulatorio vigente de la profesión inmobiliaria al facilitar la entrada de profesionales licenciados en otras jurisdicciones sin que necesariamente enfrenten el mismo proceso local de licenciamiento.

La organización alegó además que esto podría afectar la protección al consumidor y el empleo de profesionales locales, por lo que pidió que las licencias relacionadas con bienes raíces sean excluidas del alcance de la ley.

La Ley 102 establece como política pública reconocer licencias ocupacionales y profesionales emitidas en otras jurisdicciones estadounidenses para facilitar la movilidad laboral y aumentar la participación en la fuerza trabajadora.

La medida dispone que una junta examinadora local podrá emitir una licencia a solicitantes con credenciales vigentes y en “good standing” en otros estados, siempre que cumplan requisitos de experiencia y equivalencia profesional.

Además, la legislación crea licencias provisionales automáticas mientras se completa el proceso de validación y establece que, si la junta correspondiente no toma una determinación en 30 días, el solicitante podrá continuar ejerciendo provisionalmente hasta que culmine la evaluación.

La ley también contiene una cláusula de supremacía que establece que prevalecerá sobre cualquier otra legislación relacionada con licencias ocupacionales y profesionales en Puerto Rico.

En su respuesta, la JSF explicó que el reglamento deberá pasar por el proceso de revisión establecido bajo la Sección 204(b)(4) de PROMESA, mecanismo mediante el cual el ente fiscal analiza reglamentos y órdenes ejecutivas para determinar si son consistentes con el plan fiscal certificado.