“Como parte del examen, se identificó que 35,753,036.42 dólares de estos fondos no se habían desembolsado al cierre del periodo evaluado”, señala el documento.
La cantidad representa el 44 por ciento de los fondos asignados a las escuelas evaluadas. El informe atribuye la situación, entre otros factores, a los tiempos de implantación de propuestas aprobadas y al desarrollo de procesos administrativos de las entidades operadoras.
“En cuanto a los desembolsos efectuados, la OIG identificó 44,896,488.61 dólares que se clasifican como costos pendientes de validación documental”, indica el informe.
Esa clasificación respondió a que los expedientes no contenían toda la evidencia requerida por la normativa aplicable, como estados financieros auditados por contador público autorizado, informes trimestrales certificados y presupuestos anuales.
De 11 Escuelas Públicas Alianza obligadas a presentar estados financieros auditados para el año fiscal 2023-2024, 10 no entregaron el documento ante la Oficina de Escuelas Públicas Alianza.
Para el año fiscal 2022-2023, 6 de 9 escuelas sometieron estados financieros auditados con retrasos de entre 76 y 517 días posteriores al término reglamentario de 90 días luego del cierre escolar.
El informe también reveló que 69 de 87 informes trimestrales requeridos no fueron entregados. La OIG indicó que esos documentos no aparecieron en los expedientes de la oficina ni en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación.
Otro señalamiento apunta a 32 presupuestos anuales que 13 escuelas debieron entregar al 31 de julio de los años fiscales 2022-2023 al 2024-2025 y que tampoco fueron localizados.
Según el informe, la ausencia de esos presupuestos impide un análisis efectivo al inicio del año fiscal, compromete la planificación y dificulta la asignación equitativa y proporcional del presupuesto escolar.
La revisión también detectó falta de fiscalización sobre pólizas de seguro requeridas a las entidades educativas certificadas. En las pólizas de errores y omisiones, entre el 82 y 90 por ciento de las escuelas no tenían evidencia en los expedientes.
En el seguro de propiedad, la ausencia fluctuó entre el 40 y 50 por ciento, según el año fiscal. La OIG también identificó casos en los que el Departamento de Educación no figuraba como asegurado adicional.
Otros hallazgos incluyen incumplimientos con informes anuales al gobernador y a la Asamblea Legislativa, datos sin actualizar en el portal de Educación, deficiencias en evaluación de propuestas, ausencia de visitas previas y falta de notificación de resultados de monitorías fiscales y programáticas.
Educación respondió a los hallazgos e inició acciones correctivas, según la OIG, que acompañará a la agencia mediante un Plan de Acción Correctiva.
El resultado del informe será notificado al Inspector General federal en el Departamento de Educación para la evaluación y acción que corresponda.
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