El Departamento de Educación (DE) le otorgó el pasado jueves un contrato de $2.1 millones a la empresa M2A Groups, PSC, para llevar a cabo un estudio de viabilidad para instalar aires acondicionados en las escuelas públicas.
El acuerdo registrado en la Oficina del Contralor bajo “servicios de ingeniería” está programado para completarse antes del 30 de septiembre de este año, y abarcará todas las escuelas del sistema público, incluyendo las administradas por la Autoridad de Edificios Públicos.
En 2023, el gobierno había adelantado que el estudio costaría $1.8 millones, e informó que su propósito principal es determinar los tipos de aires acondicionados que deben instalarse en las aulas públicas para combatir la ola de calor.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Deborah Soto Arroyo, denunció, el sábado, que la agencia gubernamental y La Fortaleza manejan el tema de la instalación de los aires acondicionados en las escuelas “con lentitud y politiquería, provocando así que los estudiantes enfrenten nuevamente una ola de calor, sin que se haya atendido el problema con premura”.
La legisladora señaló que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó dos medidas legislativas– el Proyecto de la Cámara 1040 y el 1842– que proponían establecer un plan de viabilidad sobre la necesidad de instalar unidades de acondicionadores de aire en las escuelas.
“De hecho, la razón para el gobernador vetar nuestra medida por segunda ocasión fue que la instalación de acondicionadores de aire implicaba un impacto presupuestario sustancial de $123.3 millones. Sin embargo, unilateralmente la secretaria otorgó un contrato de $1.8 [millones] para que se realice un estudio que, según el veto, tampoco se sostenía presupuestariamente”, indicó la representante.
“Nuevamente, el mensaje que le queremos hacer llegar al gobernador Pedro Pierluisi, y a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, es que este año será más caliente que el año pasado y aparentemente estamos en el mismo lugar”, continuó.
La compañía M2A Group, PSC, se encargará de una serie de servicios de ingeniería, desde inspecciones hasta estimaciones de costos.
Según datos de la plataforma “Contratos en Ley” de la organización sin fines de lucro fiscalizadora Sembrando Sentido, M2A Group, PSC, ha acumulado un total de 33 contratos públicos, con un valor conjunto de $18.5 millones.
Entre estos contratos se encuentra uno previo con el DE, firmado en octubre de 2022, por un monto de $1 millón para servicios de arquitectura y diseño en las escuelas públicas afectadas por los huracanes y terremotos.
Posteriormente, este acuerdo, que se supone caducara en junio de 2023, se amplió a $6 millones– levantando bandera roja en la plataforma de Sembrando Sentido– y se extendió hasta junio de 2024.
Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, M2A Group, PSC está activa desde el 2 de febrero de 2019 como una corporación profesional con fines de lucro. Su presidente es Manuel A. Bermúdez Pagán, quien en el pasado fue director ejecutivo interino de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), en el año 2011 bajo la administración de Luis Fortuño. Con oficinas en San Juan, la firma ofrece servicios de Ingeniería, incluyendo inspección, diseño, gerencia, gerencia de programa y construcción, consultoría y estimados de costos.
El estudio de viabilidad en Educación abordará una serie de aspectos, incluyendo la evaluación de la infraestructura eléctrica existente en las escuelas y la exploración de opciones de energía renovable, como paneles solares, para alimentar los sistemas de aire acondicionado.
También, el informe incluirá la estimación del costo de los requisitos eléctricos interiores y el estimado del costo de mantenimiento anual por unidad de aire, así como un análisis de opciones alternativas para provisiones de aire acondicionado y la recomendación de la mejor alternativa.
