Universidad de Puerto Rico en Cayey rechaza señalamientos sobre despidos injustificados 

“Las determinaciones administrativas adoptadas responden a procesos institucionales previamente establecidos, realizados conforme a la reglamentación aplicable, las necesidades operacionales del recinto y la responsabilidad de administrar adecuadamente los recursos públicos, en un escenario de significativos ajustes estructurales dirigidos a garantizar la sostenibilidad fiscal y fortalecer la capacidad institucional de la Universidad. Los contratos a los que se hace referencia corresponden a nombramientos especiales sufragados con fondos no recurrentes relacionados con la respuesta a la pandemia del COVID-19. Por su naturaleza, estos nombramientos fueron otorgados con un término de vigencia definido y conocido por las partes desde el momento de su otorgación, culminando el pasado 30 de junio de 2026, conforme a las condiciones establecidas en los contratos suscritos”, dijo Martínez Vivas en declaraciones escritas.

Añadió que actualmente la institución realiza un análisis administrativo y presupuestario para determinar las necesidades operacionales del recinto y los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios a la comunidad universitaria, dentro de la disponibilidad presupuestaria.

“Es importante destacar que este proceso fue comunicado oportunamente al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico a través de los canales institucionales correspondientes. Asimismo, los empleados fueron notificados con antelación sobre la fecha de vencimiento de sus contratos, la cual estaba expresamente establecida en los documentos suscritos por las partes desde el inicio de sus nombramientos”, sostuvo.

Sobre el caso judicial mencionado por el sindicato, sostuvo que se trata de un asunto “específico con hechos particulares”, por lo que no guarda relación con los procesos administrativos actuales en el recinto. Asimismo, la administración universitaria negó que se hayan emitido instrucciones para reducir el salario de empleados adscritos al gremio.

“En cuanto al caso judicial al que hace referencia el sindicato, es importante señalar que corresponde a un caso específico, con hechos y circunstancias particulares, por lo que no guarda relación con los procesos administrativos que actualmente atiende la Universidad de Puerto Rico en Cayey. De igual forma, la Universidad aclara que no es correcta la afirmación de que la administración universitaria impartió instrucciones para reducir el salario de empleados adscritos a dicho gremio. La Universidad de Puerto Rico en Cayey reitera su compromiso con el diálogo, la transparencia, el debido proceso y el cumplimiento de la normativa aplicable. La institución continuará atendiendo estos asuntos con responsabilidad, procurando un balance entre la continuidad de los servicios esenciales, el bienestar de la comunidad universitaria y la sana administración de los recursos públicos”, finalizó.

El jueves, el Sindicato de Trabajadores advirtió que no descarta convocar una huelga al inicio del próximo semestre académico, en respuesta a las presuntas acciones “antiobreras” atribuidas a Martínez Vivas.

“Las acciones anti obreras de la administración, respaldadas por la presidencia de la universidad, representan una verdadera declaración de guerra contra los trabajadores del Sindicato y serán atendidas mediante todas las acciones que ello requiera, incluyendo de manera segura, una huelga general al comienzo del próximo semestre académico, a menos que la administración deponga su actitud, reinstalando a los 16 trabajadores despedidos, el otorgamiento de nombramientos permanentes a todos aquellos empleados que hayan completado dos años de servicio y la culminación del proceso de negociación para la implantación del Plan de Clasificación y Retribución", sostuvo el gremio.

De la misma forma, el organismo sostuvo que, en el caso de los trabajadores cesanteados, todos cuentan con hasta cinco años de servicio, cumplen con los requisitos del puesto y, al momento de sus despidos, ya se habían convertido en trabajadores permanentes, constituyendo estos despidos “totalmente ilegales e inmorales”.

“Esta nueva acción anti obrera, sin precedentes en la historia laboral universitaria, se suma a una serie de actos de hostigamiento laboral promovidos por la administración de la UPR en Cayey, a causa de lo cual se llevaron a cabo acciones sindicales”, aseguró el Sindicato.