Tribunal impide temporalmente al Gobierno sustituir a Physician Correctional mientras continúa el pleito 

La jueza superior Katarina M. Stipec Rubio concedió un remedio provisional al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil y ordenó al DCR “desistir de poner en vigor o ejecutar cualquier nuevo contrato” para sustituir a Physician mientras se dilucidan las reclamaciones por incumplimiento contractual y cumplimiento específico presentadas por la empresa.

La determinación modifica una orden emitida el pasado 23 de junio, cuando el tribunal rechazó el remedio provisional originalmente solicitado por Physician, pero dejó abierta la posibilidad de conceder una medida cautelar distinta que protegiera la efectividad de una futura sentencia. Tras esa determinación, la empresa presentó una nueva solicitud proponiendo un remedio más limitado: permitir que continuara el proceso de selección de un nuevo proveedor, pero impedir la firma del contrato hasta que el caso fuera resuelto.

En la orden enmendada, la jueza concluyó preliminarmente que existe evidencia de que el DCR no siguió el procedimiento establecido en el propio contrato para cancelar el acuerdo con Physician. Según la determinación, el Departamento notificó la cancelación invocando la cláusula de terminación por justa causa, pero no concedió a la empresa el término de 15 días para corregir o responder a los alegados incumplimientos antes de rescindir el contrato, como disponen otras cláusulas contractuales.

La resolución también señala que, de permitirse la firma de un nuevo contrato, la reclamación de cumplimiento específico podría quedar sin efecto práctico antes de que el tribunal resolviera el caso en sus méritos. Por ello, entendió que era necesario preservar el estado de las cosas mientras continúa el pleito.

La jueza impuso una fianza de $3 millones, que Physician deberá prestar en un término de 15 días para que el remedio provisional permanezca vigente. Asimismo, señaló una conferencia con antelación al juicio para el 2 de febrero de 2027 y fijó el juicio para los días 29, 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2027.

El litigio surgió luego de que el DCR notificara en julio de 2025 su intención de cancelar el contrato de Physician Correctional tras el caso de Hermes Ávila Vázquez, el confinado que obtuvo un pase extendido por razones médicas y posteriormente asesinó a una mujer. La empresa sostiene que la cancelación constituye un incumplimiento contractual y responde a represalias políticas, alegaciones que el Gobierno ha rechazado y que permanecen pendientes de adjudicación.