Un informe de la Oficina de la Contralora publicado hoy lunes pone en evidencia que el gobierno no ha establecidos los mecanismos necesarios para que las transacciones de personal público se hagan basadas en la preparación y ejecutorias de los trabajadores.
Se trata de una auditoría a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).
Según las conclusiones del informe, no se presentó evidencia a los auditores sobre sistemas de acopio de información de los empleados, ni haber estructurado un sistema de evaluación de desempeño, productividad, ejecutorias y cumplimiento de los empleados con métricas cuantificables. Se señala que el no contar con estos sistemas impidió, entre otras, que los directores y empleados de recursos humanos del gobierno tuviesen acceso a información apropiada para agilizar las transacciones de personal, y que los ciudadanos pudieran conocer el resultado de la administración del principio de mérito.
Esta situación se atribuye a que la entonces directora, al 3 de abril de 2020, solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el cambio de una partida de $1,945,000 que estaba destinada a establecer los procedimientos requeridos para pagar nómina, costos relacionados, y deudas de renta de años anteriores.
La auditoría de dos hallazgos señala que, al 16 de diciembre de 2021, la directora de la OATRH no contaba con un plan de seguimiento y auditorías para administrar recursos humanos; al 20 de abril de 2022, no tenía un sistema de entrevistas con los planes de retribución uniformes y justos para los empleados de confianza; y al 28 de febrero de 2023 tampoco publicaba de forma electrónica las transacciones de personal.
Estas situaciones incumplen con varias disposiciones establecidas en la Ley 8-2017, ley creadora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos.
En respuesta a los hallazgos de los auditores, la gerencia de laOATRH expuso que “para tener un sistema de entrevistas estructurado debes tener la descripción de deberes de cada puesto y si no tienes un plan de clasificación y retribución aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Oficina del Contralor debe preguntarse sobre qué base lo vas a trabajar”.
Sin embaro, en el informe se concluye que la OATRH recibió los fondos para los fines requeridos, pero solicitó autorización para utilizarlos en otro fin. Es por ello que sostuvieron sus hallazgos en el informe final.
El análisis de los auditores se hizo en base a la Ley 8-2017, que es la ley creadora de la OATRH.
La semana pasada, la JSF requirió al gobierno información sobre aumentos salariales a empleados de confianza en las agencias. El viernes pasado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto sometió la información requerida.
