SESA solicita reconsideración de la decisión tarifaria del Negociado de Energía 

Esta petición busca asegurar que la determinación del NEPR esté alineada con el marco legal vigente, incluyendo la Ley 114-2007, la Ley 57-2014 y la Ley 17-2019, que establecen principios de asequibilidad, equidad, no discriminación y promoción de la energía renovable distribuida.

En la moción, ambas organizaciones advierten que la Orden vigente cuadruplica el cargo fijo residencial (GRS), elevándolo de $4 a $16 mensuales en poco más de un año, lo que representa un aumento de $192 anuales antes de que un cliente consuma un(1) solo kilovatio-hora. SESA y SUN indican que este cambio traslada costos desde clientes de alto consumo hacia hogares de bajo consumo neto, muchos de ellos de ingresos bajos, consumidores eficientes y familias con sistemas solares en sus techos. 

Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, expresó que: “la estructura aprobada penaliza a quienes consumen menos energía y quienes han invertido o invertirán en soluciones eficientes y energía solar, afectando desproporcionadamente a los consumidores más vulnerables y de menos ingresos, y apartándose de la política pública energética de Puerto Rico”.

La moción también plantea preocupaciones sobre la eliminación de la tarifa en bloques inclinados para clientes residenciales. “Este tipo de tarifa ha sido históricamente una herramienta clave para incentivar la eficiencia energética y proteger a los clientes de menor consumo, por lo que su eliminación debilita las señales para ahorrar energía y dificulta el cumplimiento con la obligación legal de alcanzar un 30 % de eficiencia energética para el 2040”, explicó Rúa Jovet. 

De igual forma, SESA y SUN advierten que la combinación de cargos fijos más altos, una tarifa por kilovatio-hora aplanada y la posibilidad de cargos adicionales -como cualquier Cargo por Deuda Legada- funciona como un cargo indirecto sobre la generación de los prosumidores desincentivando la adopción de energía solar. Según explican, esto entra en conflicto con la Sección 4 de la Ley 114-2007, que prohíbe cargos directos o indirectos a la generación renovable distribuida y medidas que desalienten la medición neta. 

David Ortiz, director senior del programa SUN de Puerto Rico, indicó que: “la ley es clara en proteger a los consumidores que generan su propia energía. Cualquier estructura tarifaria que tenga el efecto de penalizar esa generación, directa o indirectamente, contraviene ese mandato”. 

Como parte de la reconsideración, SESA y SUN proponen los siguientes cambios concretos: mantener el cargo mínimo residencial en $4 mensuales, deteniendo los aumentos a $8 este julio primero y $16 en julio 2027; conservar o rediseñar adecuadamente la tarifa en bloques inclinados mediante un procedimiento específico con calendario definido; aclarar que no se autorizan nuevos ni mayores cargos a clientes de medición neta, exigir transparencia anual en las tarifas de interconexión, y confirmar que el Cargo de Pensión y cualquier Cargo futuro por Deuda Legada se apliquen conforme al consumo neto, en lugar de imponerse como cargos fijos. 

Ambas organizaciones reiteraron su disposición a colaborar con el Negociado de Energía de Puerto Rico y todas las partes interesadas en una revisión responsable que garantice una estructura tarifaria justa, transparente y alineada con la política pública energética de la isla, protegiendo a los consumidores y al desarrollo sostenible del sistema eléctrico.