Senado confirma a Julie O. Gómez Gómez como secretaria de Corrección 

Más temprano, durante una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, la designada adelantó que incorporará un plan de tres fases como parte de su estrategia para fortalecer y transformar el sistema de salud correccional.

Entre las medidas, Gómez Gómez señaló que iniciará un proceso de auditoría sobre la gestión y la situación actual del DCR para “identificar aquellas necesidades apremiantes” relacionadas con las condiciones de infraestructura de cada institución y establecer un plan de seguridad que permita devolver al sistema “la dignidad, la transparencia y el cumplimiento”.

En el Departamento hay 7,216 adultos privados de libertad y 69 menores transgresores, mientras que cuenta con más de 5,000 empleados activos.

Gómez Gómez añadió que revisará los planes de alimentación de la población correccional, modernizará los procesos internos para maximizar los recursos disponibles y ampliará los programas educativos. Según dijo, esto se realizará mediante acuerdos con instituciones académicas para aumentar la oferta educativa.

La confirmación de Gómez Gómez se había anticipado debido a que cuenta con más de 20 años de experiencia en el Departamento, donde ha ocupado diversos puestos técnicos, administrativos y legales. También formó parte de la Junta de Libertad Bajo Palabra y de la Junta de Subastas de la agencia.

Sin embargo, no pudo precisar si la cifra que se adeuda en concepto de pagos retroactivos a los oficiales de custodia asciende a $122 millones.

Physician Correctional

Luego de que se iniciara un pleito legal en julio de 2025 para cancelar el contrato de Physician Correctional, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó este lunes “la obstinación con cancelar el contrato” y atribuyó las acciones a una promesa de campaña de la gobernadora.

A su juicio, no existe una justificación para cancelar un contrato sobre el cual no se han levantado señalamientos y que está brindando “un buen servicio”.

“La salud correccional no puede estar sujeta a los caprichos o a las promesas de campaña, o a las venganzas personales, o a las agendas particulares, o a los cabilderos, o a nada que no sea el criterio saludista de asegurarnos de tener la gente correcta prestando el servicio”, señaló Rivera Schatz.

El presidente senatorial indicó que los familiares de los confinados también se ven afectados por las decisiones que se tomen dentro de las instituciones penales.

“No tan solo por los confinados y las confinadas, sino también por sus familiares, que sufren, sienten y padecen por ellos en la calle, sin saber lo que les está pasando y si tienen el medicamento, el tratamiento y lo que necesitan”, aseguró Rivera Schatz.

“Pero tampoco puede tratarse de querer perseguir una compañía por puro capricho, personalismo y venganza política, que desde mi punto de vista parece que es lo que está pasando”, añadió.

Rivera Schatz increpó reiteradamente a la entrante secretaria de Corrección para que precisara si la agencia garantiza actualmente un servicio adecuado de salud a los confinados. Como parte de su argumento, el presidente del Senado separó la controversia judicial sobre el contrato de Physician de la obligación del Gobierno de garantizar la atención médica de la población confinada.

Sobre esto, Gómez Gómez, en representación del Gobierno, indicó que continuará el proceso legal.

“Vamos a estar en espera de que se completen los procedimientos. [...] Se continúa el caso, sí”, respondió Gómez Gómez.

El litigio surgió luego de que el DCR notificara su intención de cancelar el contrato de la compañía de servicios de salud tras el caso de Hermes Ávila Vázquez, el confinado que obtuvo un pase extendido por razones médicas y posteriormente asesinó a una mujer.

La empresa sostiene que la cancelación constituye un incumplimiento contractual y responde a represalias políticas, alegaciones que el Gobierno ha rechazado y que permanecen pendientes de adjudicación.

El Tribunal de Primera Instancia ordenó a Corrección abstenerse de ejecutar cualquier contrato con un nuevo proveedor de servicios médicos para las cárceles mientras continúa el litigio iniciado por Physician Correctional sobre la cancelación de su contrato, vigente hasta septiembre de 2028.

El nombramiento de Gómez Gómez surge luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón aceptara la renuncia del saliente secretario, Francisco Quiñones Rivera, quien enfrenta varias querellas administrativas por alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias en su contra.