Secretaria de la Familia atribuye aumento en cierres de hogares a mayor fiscalización y denuncias ciudadanas 

“Hay mayor conocimiento y conciencia sobre los ciudadanos, los proveedores de servicios e incluso ustedes los medios de la prensa. Nosotros hemos estado durante todo el año pasado y hemos continuado este año pidiendo que anuncien, pidiendo que querellen, fortaleciendo también nuestro sistema de monitoreo con personal, con el sistema Zulme”, expresó Roig Fuertes en conferencia de prensa.

El Departamento cerró 44 hogares de cuido prolongado durante los primeros siete meses del año, cifra que supera por 30 por ciento la registrada durante el mismo periodo de 2025. De ese total, 11 operaban sin licencia y los restantes 33 cesaron por distintas razones, entre ellas hallazgos de maltrato, negligencia, incumplimientos reglamentarios o decisiones de sus propietarios de abandonar el negocio.

La funcionaria destacó que el Departamento implantó una amnistía durante el pasado año para que los hogares que operaban fuera del marco legal pudieran solicitar sus licencias y actualizar su documentación. Añadió que el nuevo reglamento de licenciamiento incorporó multas y otras penalidades administrativas que comenzaron a aplicarse durante este año fiscal.

Actualmente permanecen licenciados 996 hogares de cuido prolongado. Durante el mismo periodo en que cerraron 44 establecimientos, otros 106 comenzaron operaciones, por lo que la secretaria aseguró que existen camas suficientes para atender la demanda vigente. Cerca de 17,500 adultos mayores residen en estos hogares y entre 6,500 y 6,600 reciben subvenciones del Departamento de la Familia.

Roig Fuertes sostuvo que todos los hogares de cuido prolongado son empresas privadas y que el Departamento interviene como organismo regulador. Ante un hogar sin licencia, exhortó a las familias a no colocar allí a sus parientes y a presentar una querella.

“El primer paso para identificar un hogar es ver si tiene licencia. Si no tiene licencia, no ubique a su adulto mayor allí y repórtelo”, afirmó.

Cuando el cierre afecta a residentes, el Departamento contacta primero a sus familiares o recursos de apoyo para que identifiquen otro hogar licenciado. Si la familia no actúa, la agencia recurre al tribunal para asumir el proceso de reubicación.

La secretaria indicó que, cuando existe riesgo inmediato para la vida o la seguridad de un adulto mayor, el Departamento interviene de inmediato. En casos que no representan peligro inminente, puede ordenar un plan de acción correctiva y mantener supervisión frecuente hasta que el establecimiento cumpla.

Explicó que una reubicación puede requerir un plan protector, particularmente cuando hay residentes encamados o dependientes de equipos médicos. En esas circunstancias, personal del Departamento permanece en el hogar hasta que salga el último residente.

Los hogares licenciados deben recibir al menos una visita cada tres meses, además de inspecciones relacionadas con renovaciones, querellas y planes correctivos. Roig Fuertes reconoció que al asumir el cargo esa frecuencia no se cumplía de forma consistente, pero aseguró que actualmente se realizan las visitas requeridas y que estas no se anuncian previamente.

“Podemos llegar en la madrugada. Nos tienen que abrir indistintamente el horario de visitas. Nosotros como ente regulador tenemos libertad de entrar en cualquier momento y así lo hacemos”, señaló.

La titular admitió que la falta de personal continúa como un reto histórico del Departamento, aunque indicó que el pasado año fiscal se reclutaron más de 100 trabajadores sociales y técnicos de familia y que el presupuesto vigente contempla otros 100 puestos.

También distinguió entre las funciones del área de licenciamiento, que evalúa el cumplimiento administrativo del establecimiento, y la Unidad de Maltrato Institucional, responsable de investigar las querellas relacionadas con la seguridad y el bienestar de los residentes.

Sobre el hogar Logos y Rema, Roig Fuertes dijo que personal del Departamento acudió el miércoles a la Policía y entregó información sobre el caso, aunque todavía no cuenta con un número formal de querella. Añadió que conversó con el superintendente de la Policía para establecer un proceso uniforme de referidos entre ambas agencias.

La secretaria sostuvo que el cierre administrativo de un hogar no impide que continúen las investigaciones criminales y aseguró que el Departamento trabaja con la Policía y el Departamento de Justicia para procesar a las personas responsables de maltrato, negligencia o explotación financiera.

“Si entra a este tipo de servicios como cuidador, como proveedor, como dueño de hogar, sabe que tiene que cumplir con unas cosas mínimas. Esa pregunta de por qué lo hacen, que la respondan en un tribunal”, expresó.

Ante la sequía, el Departamento mantiene comunicación con los hogares mediante el sistema Zulme, llamadas directas y avisos sobre interrupciones o racionamientos. El reglamento exige que cada establecimiento disponga de una cisterna con capacidad suficiente para atender a sus residentes durante al menos cinco días.

La agencia también distribuye agua embotellada y coordina asistencia con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Guardia Nacional y otras dependencias. Además, comenzó a integrar a cerca de 80 égidas a un sistema con información sobre ubicación, capacidad de cisternas y generadores para agilizar la respuesta durante emergencias.

Roig Fuertes señaló que el Departamento deberá transformar sus programas, servicios e infraestructura ante el crecimiento de la población de adultos mayores. Aunque aseguró que hoy existen camas suficientes, favoreció que las personas permanezcan en sus hogares y comunidades mientras conserven su autonomía.