¿Qué esperar de la nueva sesión legislativa? 

Para el abogado y exlegislador José “Quiquito” Meléndez Ortiz, la reforma de permisos es uno de los asuntos más “llamativos” de la nueva sesión legislativa, debido a su impacto en la facilidad con la que se puedan obtener permisos y, por consiguiente, en el desarrollo económico de Puerto Rico. Desde la pasada sesión, la medida ha enfrentado controversias, principalmente por las preocupaciones sobre la protección de los recursos naturales y los desacuerdos en torno a la definición de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).

“Yo creo que gran parte del problema en este asunto para poder entonces saber cuándo se va a aprobar o si se va a aprobar, va a ser si se puede o no llegar a un consenso. Yo pienso que si se va a poder llegar a un consenso en algún momento porque esto no es cualquier proyecto”, explicó Meléndez Ortiz a Metro Puerto Rico sobre el debate público que ha generado la redefinición de la ZMT.

El analista político, Jorge Colberg Toro, por su parte, argumentó que la reforma de permisos es la medida con más posibilidades de avanzar aunque reconoció las controversias relacionadas con la clasificación de los terrenos, la protección de los recursos naturales y las zonas de alto riesgo.

Colberg Toro, quien fue el autor de la Ley para el Plan de Uso de Terrenos (Ley 550-2004), destacó que la esa legislación establece criterios de mayor jerarquía para determinar el uso de suelos y, por ende, los parámetros de construcción.

A su juicio, antes de buscar agilizar los permisos, debe determinarse cuál es el valor ecológico y cuáles son las zonas de alto riesgo.

“Aquí la clave es entender que hay un orden, lo primero que tú tienes que hacer es definir los contornos de la clasificación de los suelos, es decir, dónde tú puedes construir. [...] Y, por otro lado, uno de los problemas que se ha encontrado es las construcciones bien cercanas a la área del mar, donde ya las compañías de seguro están levantando objeciones, y si las propiedades no están aseguradas, los bancos no las van a financiar”, señaló Colberg Toro.

Asimismo, afirmó que deben atenderse los reclamos de grupos ambientalistas al decir que “también tienen razón cuando plantean que tú no puedes flexibilizar prácticamente sin ninguna regulación en unas áreas donde hay altos valores ecológicos”. Al mismo tiempo, señaló que la medida debe considerar la capacidad del gobierno para suplir los servicios esenciales antes de autorizar proyectos de gran escala.

Para el analista político, ambos cuerpos legislativos deben considerar el informe del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) —recibido por el Legislativo y el Ejecutivo en 2024— en la reforma de permisos y como política pública.

“Para no perder ese esfuerzo de científicos de primer orden, lo correcto sería aprobar un proyecto de ley con ese informe, con los dos tomos, pero que la segunda parte, este condicionada a la disponibilidad de los recursos. En la medida que tengamos los recursos, que se vayan ejecutando por fase”, explicó Colberg Toro.

Reforma contributiva e impuesto al inventario

Como parte de los compromisos programáticos bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, Meléndez Ortiz reconoció que “van a ocupar gran parte del tiempo en esta próxima sesión legislativa”.

Meléndez Ortiz explicó que tanto la aprobación de una reforma contributiva como la eliminación o transformación del impuesto al inventario van de la mano, sin embargo, son proyectos que no solo requieren de la rama legislativa y la ejecutiva, sino que la responsabilidad recae también en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y agencias como el Departamento de Hacienda.

Según dijo, el dinero que le sobra al gobierno de Puerto Rico cada año es de entre $500 y $800 millones anuales aproximadamente, y la Junta ha optado por mantener esos sobrantes disponibles y destinarlos a cuentas separadas, en lugar de utilizarlos de forma inmediata.

“La Junta prefiere mantener esos sobrantes vigentes para entonces crear unas cuentas aparte y que el dinero no se utilice”, explicó Meléndez Ortiz.

Sin embargo, el gobierno, mediante el intento de una reforma contributiva, sostiene que el dinero debe regresar a los contribuyentes mediante una reducción de tasas contributivas.

“Creo que lo que va a pasar es que, en esta ocasión, van primero donde la Junta de Control Fiscal, se ponen de acuerdo de cuánto es el bracket, ¿verdad? De cuánto es la cantidad que va a costar esa reforma contributiva para entonces, después, hacer la aprobación. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Yo creo que tienen tiempo suficiente para hacerlo en esta sesión, pero va a depender de la disposición de la Junta”, señaló.

Para Colberg Toro, “ninguna delegación ni ningún partido se ha parado a decir ‘esta es nuestra propuesta’ (y) Puerto Rico es un país que estamos saliendo de una quiebra en donde no podemos regresar a las prácticas del pasado de aprobar legislación, que después no tienes el dinero”, explicó al reconocer que la isla opera bajo la lupa de la Junta.

Sobre el impuesto al inventario, Meléndez Ortiz argumentó que no se trata solo de eliminarlo —ya que los municipios dependen de esos ingresos para financiar sus operaciones— sino de establecer una fuente alterna que permita compensar el dinero que dejarían de recibir.

“Hay gente que argumenta que como parte de la reforma contributiva, el dinero que sobra tú se lo das a los municipios, pero entonces dejas de atender la promesa de campaña de una reforma contributiva para ayudar a la gente porque no hay tanto dinero disponible”, explicó el exlegislador novoprogresista.

“Si finalmente de un plumazo se elimina el impuesto al inventario y no pones un sustituto de esos ingresos, la mayoría de los municipios pequeños en Puerto Rico tendrían que cerrar sus puertas porque no pueden subsistir”, añadió el abogado al señalar que ambas propuestas deben discutirse conjuntamente.

Colberg Toro, por su parte, rechazó que el Fondo General sea la solución viable al afectar la autonomía fiscal de los municipios.