¿Qué derechos tienen los trabajadores agrícolas extranjeros en Puerto Rico? 

En medio de la creciente necesidad de mano de obra en el sector agrícola de Puerto Rico, el Programa de Visas H-2A se ha convertido en una alternativa para que patronos puedan reclutar trabajadores extranjeros de manera temporera. Sin embargo, más allá de la oportunidad que representa este programa, es esencial que los trabajadores estén informados sobre sus derechos desde el proceso de reclutamiento para garantizar condiciones laborales justas y evitar desplazamientos o abusos.

Carmen S. Santiago Lizardi, gerente de Proyecto de Trabajadores Agrícolas y Migrantes de Servicios Legales de Puerto Rico, explicó que las visas H-2A son permisos temporeros que permiten a los patronos agrícolas contratar trabajadores extranjeros no inmigrantes cuando no hay suficientes trabajadores locales disponibles, capaces y dispuestos para realizar labores agrícolas.

En Puerto Rico, el proceso de autorización y reclutamiento de estos trabajadores está a cargo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

“Uno de los principios más importantes del programa H-2A es que no puede utilizarse para sustituir ni afectar negativamente a los trabajadores locales. La ley establece que los patronos deben demostrar que no hay suficientes trabajadores locales disponibles antes de contratar empleados extranjeros. La reglamentación es clara en cuanto a que no se puede despedir ni reducir horas a trabajadores locales para dar paso a empleados H-2A. Otro aspecto importante es garantizar el pago del llamado salario de efecto adverso (AEWR, por sus siglas en inglés), diseñado para evitar que la contratación de trabajadores extranjeros reduzca los salarios en el mercado local. Esto significa que los trabajadores locales tienen derecho a igualdad de condiciones salariales y laborales, protegiendo así la estabilidad del empleo agrícola en la Isla”, explicó.

Por otro lado, los trabajadores extranjeros reclutados bajo este programa también cuentan con protecciones específicas que buscan asegurar condiciones dignas y justas. Entre ellas:

• Vivienda gratuita y adecuada, provista por el patrono.
• Transportación cubierta, tanto dentro del área de trabajo como, en muchos casos, desde el país de origen.
• Pago de la visa y costos del proceso migratorio por parte del patrono.
• Prohibición de cobros indebidos, incluyendo cargos por reclutamiento, vivienda o transporte.
• En casos particulares, el trabajador H-2A puede asumir el costo inicial de su pasaje hacia la finca; sin embargo, este debe ser reembolsado una vez complete el 50% del contrato de trabajo.

Asimismo, es importante recalcar que ningún patrono o reclutador puede cobrar dinero al trabajador por gestionar o aprobar una visa H-2A, ya que esto constituye una práctica ilegal. Los costos asociados al proceso —incluyendo la solicitud ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y los cargos ante la Oficina de Inmigración (USCIS)— deben ser asumidos por el patrono. El trabajador únicamente es responsable de cubrir el costo de su pasaporte.

“Todo trabajador H-2A debe recibir un contrato claro que detalle sus condiciones de empleo, incluyendo salario y beneficios. En caso de que un trabajador enfrente situaciones irregulares o solicitudes de pago indebidas, puede presentar querellas —incluso de manera confidencial— ante el Negociado de Normas de Trabajo o comunicarse con la Oficina de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo federal. Informarse y conocer estos derechos es clave para evitar situaciones de abuso y garantizar condiciones laborales justas", agregó.

El Proyecto de Trabajadores Agrícolas y Migrantes de Servicios Legales de Puerto Rico se dedica exclusivamente a velar y defender los derechos de los trabajadores agrícolas locales y migrantes, incluyendo asuntos relacionados con empleo, vivienda, salud, consumidores, mantenimiento de ingresos y contribuciones.

De necesitar orientación y representación legal libre de costo, puede comunicarse al 787-296-8020 o 1-800-981-5342 o visitar servicioslegales.org.