Portavoz PPD sobre caso Francisco Domenech: “El tiempo nos dio la razón” 

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), el senador Luis Javier Hernández Ortiz, aseguró en la tarde de hoy que las recientes admisiones del secretario de la Gobernación refuerzan los señalamientos realizados por la colectividad en el caso que involucra a Francisco Domenech.

Hernández Ortiz recordó que el pasado 26 de marzo la delegación popular radicó un referido ante la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, tras alegaciones de posibles conflictos de interés relacionados con decisiones dentro del Ejecutivo.

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Según el legislador, los documentos entregados por Domenech al Senado confirman que en su oficina no existía un protocolo institucional formal por escrito de inhibición, y que el mecanismo utilizado para evitar conflictos era de carácter verbal y basado en procesos internos.

“En sus contestaciones, sometidas al filo de la medianoche de ayer, cuando se cumplía el término concedido por el presidente del Senado, Domenech describió el mecanismo mediante el cual asegura no intervenir en asuntos relacionados con clientes de su antigua firma de cabildeo, Politank. Estamos ante un gravísimo caso de conflicto de intereses”, señaló el senador popular.

Hernández Ortiz también sostuvo que la Oficina de Ética Gubernamental debe intervenir en este caso: “Dejarlo por la libre, es un error. Domenech admite que la exempleada de Politank, Ana Delgado preinterviene y que cuando se identifica que es un cliente de Politank, no se lo pasan a Domenech. El secretario de la Gobernación es abogado, y sabe que no tener protocolo para evitar conflictos es un error ético grave”.

Publican documentos de Domenech al Senado

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, consignó en documentos entregados al Senado que en su oficina no existía un protocolo institucional formal por escrito de inhibición, al tiempo que remitió a otros funcionarios las respuestas sobre asuntos relacionados con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

El proceso de inhibición fue consignado por escrito días después de su comparecencia ante el Senado, según documentos entregados por el propio funcionario, los cuales reconocen que el mecanismo descrito era de carácter verbal y basado en manejo interno, y que posteriormente fue documentado en un memorándum a la gobernadora con fecha del 27 de marzo de este año.

En sus contestaciones, sometidas al filo de la medianoche cuando se cumplía el término concedido, Domenech describió el mecanismo mediante el cual asegura no intervenir en asuntos relacionados con clientes de su antigua firma de cabildeo, Politank.

“No existe un proceso institucionalizado”, sostuvo durante la vista, al explicar que el manejo de estos casos se realiza de forma interna. Detalló que una funcionaria de su oficina —identificada como Ana Delgado— realiza una preintervención para identificar si un asunto está vinculado a clientes de Politank.

Posteriormente, en documentos entregados al Senado, el propio funcionario consignó por escrito ese mecanismo, señalando que se trataba de un proceso que había sido instruido verbalmente desde su llegada al cargo.

“Ana Delgado preinterviene; cuando identifica que es un cliente de Politank, no me lo pasan a mí”, indicó el funcionario durante la vista.

En sus respuestas escritas, añadió que ese procedimiento forma parte de un proceso interno de inhibición y preintervención que —según describió— fue instruido verbalmente desde su llegada al cargo y posteriormente consignado por escrito.

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Este tema es medular en un referido de la delegación senatorial del Partido Popular Democrático presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que cuestiona precisamente la ausencia de un mecanismo formal para atender posibles conflictos de interés.

La Ley de Ética Gubernamental establece que un funcionario debe solicitar por escrito ser relevado de participar en asuntos donde exista o pueda existir un conflicto, un paso que, según los cuestionamientos legislativos, no se habría cumplido en este caso.

AQUÍ puede ver los documentos entregados al Senado.

Más allá del tema de la inhibición, las respuestas de Domenech reflejan un patrón consistente: deslindarse de decisiones específicas en procesos de contratación en agencias del Ejecutivo.

En múltiples contestaciones, el secretario sostuvo que no participó en adjudicaciones relacionadas con entidades como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Administración de Seguros de Salud (ASES) o el Departamento de Educación.

Según sus respuestas, esos procesos corresponden a las agencias, mientras que su rol se limita a funciones de coordinación o supervisión general.

Domenech añadió que, aunque no sostiene conversaciones oficiales con clientes de Politank, sí ha coincidido con ellos en actividades sociales, insistiendo en que en esos espacios no se abordan asuntos relacionados con la gestión gubernamental.

Houlihan Lokey: sin contrato, pero con gestiones

En el caso de la firma Houlihan Lokey, Domenech reiteró que no existió una contratación formal con el gobierno.

“La premisa es incorrecta”, respondió en varias ocasiones al pliego de preguntas del Senado.

No obstante, reconoció que hubo interacción en el contexto de la mediación del caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Tuvieron conversaciones informales con los mediadores”, indicó, al ser cuestionado sobre si la firma realizó gestiones sin contrato.

COR3: respuestas delegadas

Uno de los aspectos más notorios del documento es que, en preguntas relacionadas con COR3 y la empresa Ecoval, Domenech evitó ofrecer contestaciones directas y remitió al Senado a las respuestas del director de la agencia, Eduardo Soria Rivera.

“Nos remitimos a la información suministrada por el señor Soria Rivera”, se repite en varias de las contestaciones.

Ese señalamiento se produce en medio de cuestionamientos sobre contratos, subcontratos y posibles conflictos de interés vinculados al manejo de fondos federales de reconstrucción.

Exempleados de Politank en el gobierno

Como parte de sus respuestas, Domenech incluyó información sobre exempleados de Politank que actualmente ocupan posiciones en el gobierno.

Entre los nombres mencionados figuran Marilinda Ramos y Claudia Méndez en el Senado, así como Eliza Muñoz en el Departamento de Salud. El funcionario precisó que estas personas cesaron funciones en la firma antes de su entrada al gobierno. Precisamente, durante la vista de la comisión total, el presidente senatorial chocó con Domenech sobre la mención de las empleadas del Senado, pues dijo su relación con Politank fue de hace mucho tiempo atrás.

Anejos: contratos, certificaciones y datos financieros

El paquete entregado incluye además múltiples anejos que contienen certificaciones de contratos, documentación sobre procesos en agencias y datos financieros vinculados a programas como el plan Vital de ASES.

Entre estos documentos se incluyen certificaciones de contratos millonarios, detalles sobre primas y participación de aseguradoras, así como información relacionada con la ejecución de programas de salud financiados con fondos públicos.

Estos anejos forman parte del esfuerzo por sustentar las respuestas ofrecidas en la vista, aunque no necesariamente abordan todos los cuestionamientos planteados durante la comisión total.

Escala el tono político

En la antesala a la publicación de los documentos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, elevó el tono de sus críticas mediante expresiones en redes sociales, en las que insistió en que la gestión de Domenech ha beneficiado a clientes de Politank.

“Domenech es algo así como un ‘Mc Francisco’ para Politank… millones y millones servidos”, escribió, en referencia a la adjudicación de contratos.

Por su parte, Domenech también planteó en sus respuestas escritas que el proceso responde a un intento de “crear confusión” y atribuirle “motivos insidiosos”. Rechazó que haya actuado en beneficio de clientes de su antigua firma. El funcionario insistió en que sus decisiones se han ajustado a la ley y negó que exista conflicto de interés en su gestión.

La entrega de los documentos responde a los requerimientos surgidos tras la comisión total celebrada en marzo.

El proceso legislativo continúa abierto y podría derivar en nuevas citaciones, según ha anticipado el propio presidente senatorial, y evaluaciones adicionales por parte de los cuerpos fiscalizadores.