Diversos sectores coinciden en urgencia de reformar el sistema de permisos, pero con enmiendas 

Diversas entidades del sector público y privado coincidieron en la urgencia de reformar el sistema de permisos en Puerto Rico durante una vista pública conjunta del Senado, aunque condicionaron su respaldo a la inclusión de enmiendas que atiendan preocupaciones técnicas, operacionales y de política pública.

La audiencia, encabezada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se centró en la evaluación del Proyecto del Senado 1173 y el Proyecto del Senado 1183, medidas que buscan transformar el modelo vigente.

El P. del S. 1173 propone sustituir el Permiso Único por un Registro de Uso de carácter declarativo, mientras que el P. del S. 1183 establece un nuevo “Código de Planificación y Permisos”.

Desde el gobierno, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) respaldó la necesidad de la reforma, al señalar que el sistema actual presenta “problemas estructurales” que afectan su eficiencia. En su ponencia, el secretario auxiliar Norberto Almodóvar Vélez indicó que ambos proyectos buscan atender la fragmentación interagencial, la falta de uniformidad en criterios técnicos y la dilación en la adjudicación de solicitudes.

“El sistema de permisos (...) evidenció limitaciones prácticas significativas, incluyendo la persistencia de procesos redundantes, la fragmentación interagencial, la dilación en la adjudicación de solicitudes y la falta de uniformidad en la aplicación de criterios técnicos”, expresó el secretario.

Explicó que las medidas coinciden en objetivos como la digitalización, la reducción de tiempos y la eliminación de cargas regulatorias innecesarias, aunque difieren en su enfoque estructural.

Como parte de la discusión, el funcionario también abordó la reorganización propuesta bajo el nuevo código, que consolidaría componentes del sistema bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), incluyendo la integración de funciones en una Oficina Central de Permisos. Según detalló, el modelo busca agilizar los procesos mediante la integración de personal técnico de distintas agencias en una misma estructura.

No obstante, durante el turno de preguntas, legisladores cuestionaron el alcance real de los cambios propuestos, particularmente luego de que el propio funcionario señalara que, en algunos aspectos, la diferencia con el sistema actual sería “poca”. Estos plantearon dudas sobre la necesidad de una reforma tan abarcadora si los cambios no alteran significativamente el modelo actual en ciertas áreas

“En ese aspecto no hay mucha diferencia con lo que tenemos ahora (...) Me refiero a la parte administrativa y la composición del andamiaje sería el organigrama. Si hay diferencia ciertamente tengo que abundar un poco más en cuanto a la la transferencia de conocimiento de la parte técnica de las agencias concernidas”, sostuvo Almodóvar Vélez al comparar la ambas estructuras.

Desde el sector privado, tanto la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) como la Asociación de Industriales respaldaron la intención de reformar el sistema, al describirlo como un obstáculo para el desarrollo económico, la inversión y la competitividad de la isla.

La ACPR calificó las medidas como una oportunidad para atender reclamos del sector, al señalar que la reforma busca transformar el sistema de permisos en un instrumento que “promueva la inversión y el desarrollo económico”.

“La presentación de estos proyectos de ley resulta sumamente positiva y valiosa, al procurar atender lo que ha sido un reclamo histórico del sector privado y de nuestra organización (...) para transformar el sistema de permisos, de manera que sea un instrumento verdaderamente efectivo para promover la inversión de capital y el crecimiento económico de Puerto Rico”, expresó la organización en su ponencia.

En particular, favorecieron el modelo declarativo del Registro de Uso propuesto en el P. del S. 1173, al sostener que representa un cambio de paradigma al permitir que el ciudadano notifique y el Estado valide posteriormente.

Asimismo, respaldaron la introducción de criterios objetivos como la escala de intensidades de uso y la reducción de discreción administrativa, aunque recomendaron ajustes en lenguaje técnico, participación comunitaria, procesos adjudicativos y disposiciones sobre infraestructura y fiscalización.

Por su parte, la Asociación de Industriales resaltó la utilización de criterios objetivos para clasificar usos, la reducción de discreción administrativa y la adopción de un modelo declarativo que permita iniciar operaciones de forma inmediata, sujeto a fiscalización posterior.

“La Asociación de Industriales de Puerto Rico reconoce que el sistema de permisos vigente ha sido, por décadas, uno de los principales retos de competitividad y obstáculos estructurales al desarrollo económico (...) Ninguna agencia (...) podrá sustituir, complementar o desplazar el análisis de intensidad mediante criterios subjetivos de conveniencia”, sostuvo la entidad.

En la misma línea, la Cámara de Comercio de Puerto Rico respaldó el Proyecto del Senado 1183 como la pieza principal de reforma estructural del sistema de permisos, al entender que representa una oportunidad para transformar un modelo que describen como “complejo, fragmentado e ineficiente”.

Según el memorial presentado, la organización planteó que el sistema actual se caracteriza por “procesos largos, complejos y fragmentados” y por la falta de integración y capacidad operacional del Estado, lo que ha limitado su efectividad.

La entidad sostuvo que la aprobación del nuevo código permitiría “facilitar y despenalizar el hacer negocios” y posicionar a Puerto Rico como una jurisdicción más competitiva, aunque también presentó recomendaciones dirigidas a fortalecer la certeza jurídica, reducir la discrecionalidad y mejorar la implementación del sistema.

Alcaldes advierten sobre autonomía municipal

En contraste con el respaldo general del sector técnico y empresarial, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico expresó reservas significativas sobre el modelo propuesto, particularmente en lo relacionado con la centralización de funciones.

En su ponencia, la organización coincidió en la necesidad de modernizar el sistema, pero advirtió que el Proyecto del Senado 1183 podría implicar una recentralización que debilite el rol de los municipios en los procesos de permisos.

Entre los elementos señalados, destacaron la adscripción de la Junta de Planificación al DDEC, la supremacía del nuevo código sobre el Código Municipal y la concentración de decisiones en reglamentos únicos de carácter central.

La organización también advirtió que existe una contradicción entre la exposición de motivos del proyecto, que promueve la descentralización, y sus disposiciones, que, según plantearon, concentran poder en el nivel central.

“Dicho esto, es obvio resaltar que existe una contradicción clara entre la exposición de motivos del proyecto 1183 y el texto del proyecto efectivamente dispone. La exposición de motivos se presenta bajo una bandera de descentralización razonable y reconoce con lenguaje favorable el papel de los gobiernos municipales en la administración del territorio, sin embargo el texto de la ley propuesto tiene el efecto contrario a la descentralización, centraliza la normativa sustantiva en un reglamento único que prevalece sobre toda reglamentación incompatible”, dijo el secretario de la Junta de Directores de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde Aguada, Christian Cortés Feliciano.

Ante esto, insistieron en que cualquier reforma debe garantizar la participación activa de los municipios y preservar su capacidad de intervención en los procesos de planificación y permisos.

“Es indispensable asegurar certeza jurídica y operacional, y de manera principal evitar que la reforma menoscabe a la autonomía municipal en planificación, ordenación territorial y fiscalización administrativa”, concluyó el alcalde.