PFEI respalda a Carlos ‘Jhonny’ Méndez: avalan freno a pesquisa legislativa 

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) respaldó la determinación del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, de paralizar la investigación legislativa sobre centros de inspección de vehículos, al considerar que la medida es adecuada para proteger procesos investigativos en curso.

En una carta fechada el 22 de abril de 2026, la presidenta del PFEI, Ygrí Rivera Sánchez, indicó que detener la pesquisa que realizaba la Comisión de Transportación e Infraestructura —al amparo de la Resolución de la Cámara 352— responde a la necesidad de salvaguardar la función investigativa del organismo y los derechos constitucionales de las partes involucradas.

La comunicación cita el caso ELA v. Costa (2004) como base para sostener que la decisión es el curso más apropiado, sin menoscabar las facultades investigativas del cuerpo legislativo.

El Panel, además, expresó deferencia hacia la Cámara y solicitó colaboración con el trabajo de las fiscales especiales independientes asignadas al caso, subrayando la importancia de no interferir con una investigación de carácter penal.

El respaldo del PFEI se produce en medio de diferencias dentro de la Cámara tras la orden de Méndez de frenar la pesquisa.

El presidente cameral ha defendido su determinación como un acto de prudencia ante procesos activos, al plantear que la divulgación de información —incluso en vistas ejecutivas— podría afectar el curso de una investigación criminal.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José “Cheito” Hernández Concepción, expresó que no fue consultado antes de la decisión y reiteró su desacuerdo. Sostuvo que la investigación debía continuar y que el proceso ya estaba adelantado, con un informe en desarrollo que no se completará hasta escuchar a deponentes clave.

Cuestionamientos similares surgieron desde otras delegaciones legislativas.

La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Nelie Lebrón Robles, planteó que la paralización detiene aspectos que no necesariamente están siendo atendidos por las autoridades penales, como posibles irregularidades en la expedición de marbetes en decenas de centros de inspección.

En la misma línea, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, sostuvo que los trabajos de la comisión podían continuar sin interferir con la pesquisa criminal y cuestionó el momento en que se tomó la decisión, a un día de una vista en la que estaban citados funcionarios de Hacienda, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como otras figuras vinculadas al proceso.

Aunque el respaldo del PFEI fortalece la postura de Méndez, el debate dentro de la Cámara persiste sobre el alcance de la fiscalización legislativa frente a investigaciones penales en curso y si ambas pueden desarrollarse de manera paralela sin interferencias.