Permisos, reforma contributiva, crisis de agua e impuesto al inventario marcan prioridades de la Legislatura 

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Gregorio Matías, explicó que “se están uniendo todas las ideas para hacer un proyecto que tenga todos los puntos” y destacó la “apertura” que supone la llegada de la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el cuerpo senatorial, Luis Javier Hernández Ortiz, confirmó que existe un “proyecto sustitutivo” que combina ambas propuestas, aunque advirtió que estarán pendientes de que no se vulneren protecciones ambientales.

Desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora María de Lourdes Santiago Negrón sostuvo que el borrador “sigue siendo un proyecto muy malo y muy peligroso”.

En la Cámara, el portavoz novoprogresista, José Torres Zamora, aseguró que la reforma también será prioritaria. Una comisión especial continúa trabajando en un informe sobre el tema.

Las minorías, entretanto, mantienen sus reparos. Héctor Ferrer, portavoz cameral del PPD, sostuvo que la propuesta “pone en riesgo fondos federales y recursos naturales”, mientras el representante del PIP Denis Márquez Lebrón cuestionó particularmente la definición propuesta para la zona marítimo-terrestre.

“Esa es una terrible definición de lo que es una zona marítima terrestre”, dijo Márquez Lebrón, quien sostuvo que no toma en consideración las condiciones particulares de las costas puertorriqueñas.

La representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, entiende que la reforma, tal y como fue presentada, “tenía un viso de favorecer a ciertos sectores”, por lo que anticipó que no será aprobada.

Reforma contributiva

Hernández Ortiz aseguró que “el gobierno le prometió al país una reforma contributiva” e indicó que, para la delegación popular, es “vital” que se logre.

Para Santiago Negrón, portavoz senatorial del PIP, más que decidir una reducción de las tasas contributivas, es necesario revisar también los incentivos.

“Si no hay con qué realmente cumplirle al país la promesa de una reforma contributiva, pues no se puede hacer, y si en efecto no podemos generar ahorros suficientes en la operación gubernamental como para bajar las tasas contributivas, también tiene que haber una revisión sobre la política de incentivos”, señaló Santiago Negrón.

En la Cámara, Torres Zamora aseguró que todavía existe el interés de trabajar una reforma permanente que sea “cónsona con lo que necesita el pueblo”.

El legislador recordó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionó la capacidad del gobierno para costearla de manera recurrente.

Márquez Lebrón, por su parte, indicó que una reforma de esa naturaleza debe atender de manera integral.

Crisis de agua

La falta de agua potable también perfila como un asunto de importancia para la Legislatura. En momentos en que se cuestiona el manejo de la crisis por parte de la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el portavoz del PNP en el Senado aseguró que “se acabó el tiempo de los parchos” y adelantó que radicará resoluciones de investigación.

Su contraparte popular sostuvo que el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, “no debe estar ni un minuto más bajo la dirección de la Autoridad”.

Para Santiago Negrón, luego de la Comisión Total del Senado en la que se citó al presidente ejecutivo de la AAA, corresponde realizar un “ejercicio de rendición de cuentas de lo que ha estado pasando en estos meses”.

Aseguró, además, que la remoción del presidente ejecutivo es una “condición necesaria pero no suficiente” para atender el problema. “Si salimos del ingeniero González, ¿qué otras medidas se van a tomar para que la administración sea distinta?”.

Sobre este tema, Ferrer señaló que será necesario trabajar en tres asuntos principales: impulsar como prioridad el proyecto que debe sacar adelante el presidente, atender los dragados de los embalses y mejorar la comunicación, además de acoger las propuestas del comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera.

Márquez Lebrón, por su parte, afirmó que la Cámara de Representantes debe enfocar sus esfuerzos en fiscalizar a las autoridades responsables y denunciar lo que describió como negligencia.

Impuesto al inventario

La eliminación del impuesto al inventario también regresará a la discusión legislativa.

Los portavoces consultados de ambos cuerpos legislativos expresaron su apoyo a eliminar el gravamen. Sin embargo, señalaron que la administración todavía no ha identificado una fuente de ingresos que permita sustituir la merma en recaudos que provocaría su eliminación.

Agendas propias

Los portavoces también anticiparon iniciativas particulares que impulsarán en la nueva sesión.

Matías indicó que está “en una lucha” con la JSF para que se conceda un retiro “verdaderamente digno” a los servidores públicos.

En la Cámara, Torres Zamora reiteró que continuará impulsando un proyecto dirigido a eliminar o reglamentar el “voceteo” en las vías públicas.

“Llevo tres cuatrienios tratando de eliminar el voceteo en Puerto Rico y espero que este sea la verdadera vencida en esta”, afirmó. Explicó que la medida busca prohibir los ruidos excesivos en las vías públicas estatales y municipales entre las 10:00 u 11:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, mientras permitiría a los municipios establecer sus propias regulaciones durante el día.

Hernández Ortiz indicó que, desde el Senado, continuará con la investigación sobre el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech.

Para Proyecto Dignidad, una de las prioridades de Burgos Muñiz será el Proyecto de la Cámara 764 para que “salga del Senado hacia La Fortaleza”. La medida busca exigir que los equipos deportivos en escuelas e instituciones universitarias se dividan según el sexo biológico. Burgos Muñiz también mencionó la recién aprobada vacuna antigripal de ARN mensajero para adultos mayores.

“Estas tecnologías biomédicas emergentes tienen que haber pasado por un consentimiento informado para quienes quieran probarlo en Puerto Rico, pero que no sea una imposición y que toda persona sepa qué tipo de producto o medicamento le están administrando para que la persona tome un consentimiento informado”, expresó Burgos Muñiz.