“Nunca pensé que tendría que demandar a mi propio Gobierno para defender los intereses de mi pueblo. Antes de acudir a los tribunales, agoté todos los canales de comunicación”, sostuvo Hernández Rodríguez en declaraciones escritas.
La demanda, radicada el lunes, ante el Tribunal de Primera Instancia en Camuy, solicita un interdicto preliminar y permanente, además de una sentencia declaratoria, para dejar sin efecto la orden de paralización emitida por el DRNA el 24 de junio de 2026.
La orden del DRNA señala presuntas violaciones relacionadas con puntos de descarga, tubería pluvial, posible necesidad de autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y una controversia sobre zona marítimo terrestre, según el recurso judicial.
El municipio sostiene que los componentes de descarga final no serían construidos hasta que el Cuerpo de Ingenieros determinara si hacía falta autorización federal adicional.
“Los municipios merecemos respeto. No es aceptable que una obra de interés público, debidamente autorizada, que mejora la calidad de vida de los camuyanos, se paralice sin permitir que el municipio sea escuchado”, afirmó el alcalde.
Hernández Rodríguez advirtió que la paralización afecta a comerciantes del área de Peñón Brusi y la zona costera, entre ellos restaurantes, quioscos, operadores turísticos, suplidores y otros negocios que dependen del flujo de visitantes durante el verano.
“No estamos hablando únicamente de una obra; estamos hablando del sustento de decenas de pequeños y medianos comerciantes que dependen del turismo y de la actividad económica que genera esta zona”, dijo.
El alcalde también planteó que, si la paralización continúa, el municipio podría cancelar el Camuy Summer Fest 2026, evento al que atribuyó un impacto económico estimado en más de 500 mil dólares.
“Si cancelamos el Camuy Summer Fest 2026 esto representaría un golpe muy fuerte para nuestra economía. Son cientos de miles de dólares que dejarían de circular entre nuestros pequeños y medianos comerciantes”, expresó.
En el recurso judicial, el municipio pide que se prohíba al DRNA interferir con la ejecución del proyecto mientras el permiso permanezca vigente y no sea suspendido o revocado conforme a derecho.
Hernández Rodríguez sostuvo que la demanda no es un enfrentamiento político, sino un mecanismo legal para proteger los derechos del municipio y de sus ciudadanos.
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