Su historia ilustra una realidad que, según especialistas y la organización, trasciende el acceso a un techo: la incertidumbre para conseguir una vivienda asequible también afecta la salud mental, la estabilidad económica y el desarrollo de las familias.
La directora ejecutiva de Habitat for Humanity, Karla Peña Romero, planteó una realidad: más de 270,000 familias pueden destinar más de la mitad de su ingreso en gastos de vivienda, al apreciar el mercado o los pagos en alquiler, pese a que la recomendación general es limitarse a un 30 %.
“Desde el yo poder tener una vivienda donde yo puedo criar, donde me puedo desarrollar con todos los miembros de mi familia, voy a tener, desde el enfoque de la salud mental, mejor, lo que se le llama una homeostasis (estabilidad) a nivel conductual”, describió.
Peña Romero abordó que si una familia o una persona, como una madre soltera, tiene la oportunidad de una vivienda propia mediante condiciones justas y favorables, cónsona con su capacidad financiera, le ofrece un alivio y puede atender otras facetas de su vida.
“Tenemos que pensar más allá de la estructura, más allá del techo, sino en esa experiencia que tiene una persona, que tiene una familia, una vez tiene esa oportunidad. Que no solamente es esa estructura sino también ese contexto donde está ubicada”, puntualizó la directora ejecutiva.
Para abonar a la visibilidad de estos temas desde un enfoque humano, Habitat for Humanity abogó, en el Departamento de la Vivienda y el gobierno, para que junio sea proclamado, por primera vez, como Mes Nacional de Vivienda Propia. La declaración permite abonar a la discusión sobre estabilidad familiar y el impacto en las comunidades, que la organización también impulsa con conversatorios a lo largo de las próximas semanas.
Reviven cascos urbanos
El modelo de la organización, que lleva casi 30 años en el archipiélago, se basa en el apoyo comunitario, que ha sido mayormente implementado en cascos urbanos. En esos espacios, se propone rehabilitar estructuras abandonadas o edificios de apartamentos para otorgar, a familias de escasos recursos, un financiamiento al 0 %.
Zayas Martínez enfatizó en la ocupación de espacios en desuso para evitar la deshumanización de entornos comunitarios y que se conviertan en “desiertos”. A través de esa habilitación, las personas tienen mayor acceso inmediato a farmacias o supermercados para hacer sus diligencias y se incentiva una economía con el desarrollo de microempresas. Incluso, se fomenta el liderazgo con la creación de juntas comunitarias.
La directora ejecutiva de Habitat for Humanity resaltó un proyecto en el municipio de Caguas, donde diez familias pudieron ser ubicadas en un edificio de apartamentos en el casco urbano de la Ciudad Criolla. La habilidad de caminar a escuelas, al trabajo, a actividades culturales promueve el bienestar, sugirió Peña Romero.
Al ser un trabajo complejo, también propone su programa de voluntariado, abierto a empresas privadas o a individuos que quieran aportar a reducir costos de desarrollo, como en sellados de techos o, en el caso de los municipios, identificar estructuras abandonadas que puedan ser reutilizadas para vivienda propia.
Lo mismo sucede con planteles escolares en desuso: tienen un alto potencial de rehabilitación, pero depende del gobierno central o el Departamento de Educación en ofrecerlas a organizaciones como Habitat for Humanity.
Poblaciones vulnerables
Aunque Peña Romero y Zayas Martínez afirmaron que todas las poblaciones y sectores tienen un grado de vulnerabilidad a una falta de vivienda propia, la directora apuntó al grupo de personas que devengan ingresos que sobrepasan límites de subsidios y aquellos que generan “muy bajo” para entrar al mercado.
“Están en el medio del jamón del sándwich”, ilustró, ocasionado, por ajustes en tablas de fondos del subsidio, que por una diferencia mínima puede superar el límite, como puede sucederle a un adulto mayor beneficiario del Seguro Social y participante del Programa de Asistencia Nutricional.
Zayas Martínez, a su vez, acotó que los adultos mayores tienden a enfrentar complicaciones porque, en Puerto Rico, no hay viviendas que cumplan con regulaciones bajo diseño universal o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 para acomodo razonable.
Peña Romero incluso esbozó que hay adultos mayores entre 75 y 80 años que nunca han tenido vivienda propia, a quienes apoyan a través de sus servicios, así como a jóvenes primeros compradores.
La directora ejecutiva no estimó cuánta necesidad para adquirir vivienda propia existe, pues es amplia, pero validó que, en promedio, la organización trabaja en rehabilitación para ofrecer oportunidades de vivienda a hasta 15 familias.
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