Querellas, pesquisas y decretos: se intensifica la presión sobre La Fortaleza 

La querella radicada por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ya provocó reacciones del Senado, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento de Justicia y la propia Fortaleza.

El desarrollo más significativo ocurrió cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó la Resolución del Senado 548 para ordenar una investigación legislativa sobre las alegaciones contenidas en la querella. La investigación se extendería por tres meses. La resolución sería considerada por el pleno del Senado a finales de esta semana, según ha trascendido.

La resolución recoge además las alegaciones de Negrón Reichard de que durante la evaluación de propuestas hubo presiones sobre integrantes del comité evaluador para favorecer a un proponente específico y menciona señalamientos sobre la intervención de funcionarios de La Fortaleza en decisiones administrativas y disciplinarias.

Uno de los aspectos que el Senado identifica como particularmente relevante es la alegación de que Domenech intervino en gestiones relacionadas con un decreto contributivo vinculado a un proyecto representado por Politank, firma que fundó antes de incorporarse al gobierno y cuya venta ha sido objeto de escrutinio legislativo.

La resolución también incorpora alegaciones relacionadas con la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, sobre posibles conflictos de interés derivados de contratos gubernamentales.

Ética mantiene abierta investigación contra Domenech

Mientras tanto, la Oficina de Ética Gubernamental confirmó que recibió copia de la querella y que la información será incorporada a una investigación que ya realiza sobre el secretario de la Gobernación.

El director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, indicó que las alegaciones serán evaluadas por el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo como parte de una pesquisa en curso.

La agencia, sin embargo, determinó no investigar directamente a Negrón Reichard por señalamientos relacionados con el alegado uso indebido de un vehículo oficial y refirió ese asunto a la Administración de Servicios Generales (ASG), alegando que esa entidad tiene jurisdicción primaria sobre ese tipo de controversias.

Justicia rechaza señalamientos

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, también salió al paso de las alegaciones.

La funcionaria defendió la actuación de la agencia y sostuvo que Justicia ya atendió las denuncias originales presentadas por Negrón Reichard al referir al OPFEI a dos exfuncionarios de la OGPe.

Además, rechazó que una opinión legal emitida por el Departamento de Justicia sobre las facultades de la OGPe tuviera el propósito de debilitar la autoridad del DDEC o interferir con investigaciones administrativas.

“No existe actuación ilegal o indebida del Departamento de Justicia”, sostuvo Gómez Torres.

Fortaleza se atrinchera

Desde La Fortaleza, el mensaje fue de rechazo total a las alegaciones.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, insistió en que no existe un referido contra Domenech, sino únicamente una querella sometida por un ciudadano privado.

Peña recalcó que el OPFEI todavía no ha determinado si acogerá o no el recurso presentado por Negrón Reichard y afirmó que el documento ni siquiera ha sido juramentado.

Asimismo, reiteró que Domenech rechaza categóricamente las alegaciones y que responderá en los foros correspondientes si el proceso continúa avanzando.

Opus Miramar añade otra capa de presión

La controversia también se cruzó este martes con la pesquisa senatorial sobre el proyecto Opus Miramar.

El DDEC solicitó una prórroga de 20 días laborables para completar la entrega de documentos requeridos por el Senado y publicó una respuesta parcial en la que confirmó que la solicitud de incentivos contributivos para el proyecto sigue bajo evaluación.

La agencia aseguró que no ha identificado comunicaciones entre funcionarios de La Fortaleza y personal del DDEC relacionadas con Opus Miramar.

Sin embargo, la publicación de correos electrónicos y otros documentos ocurre mientras la querella de Negrón Reichard identifica precisamente a Opus Miramar como uno de los expedientes contributivos que, según alega, le fueron señalados para seguimiento desde La Fortaleza.

Una controversia que se multiplica

La situación coloca al gobierno en una posición compleja.

Por un lado, el caso original de la OGPe ya produjo referidos al OPFEI contra exfuncionarios de la agencia. Por otro, la querella de Negrón Reichard abrió una nueva línea de investigación que ahora será examinada simultáneamente por el Senado, la Oficina de Ética Gubernamental y potencialmente por el propio Panel del FEI.

Mientras tanto, la gobernadora Jenniffer González Colón sigue sin atender preguntas de la prensa sobre tema libre desde el mismo día de la reununcia de Negrón Reichard. La mandataria partió a Washington DC para una vista congresional.